Ciudad de México. Luego de reunirse para con el secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade para acordar mesas de trabajo que refuercen acciones de combate a la corrupción, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón demandó al Congreso a aprobar las 7 leyes reglamentarias del Sistema Nacional Anticorrupcion. Para el dirigente empresarial, hay un “sentido de urgencia” en instrumentar este andamiaje que reduzca estas prácticas.
Subrayó que esta es una demanda de la sociedad y todos los actores involucrados deben impulsar las acciones necesarias para que ya comience a operar. En este sentido, también se pronunció porque los legisladores avalen la iniciativa denominada 3 de 3 e efecto de reforzar las medidas que inhiban actos de corrupción.
En su oportunidad, el secretario evadió pronunciarse abiertamente sobre la viabilidad de aprobar esta propuesta ciudadana, puesto que el Ejecutivo Federal, dijo, ha optado por respetar los debates que se realizan en el Congreso. Solamente mencionó que hay fundamentos constitucionales tanto en quienes argumentan sobre la publicidad total de estas 3 declaraciones como también en quienes sostienen la necesidad de preservar cierto grado de confidencialidad en aras de la protección de datos personales.
En otro orden, Andrade señaló que el encuentro con el Consejo Coordinador Empresarial, la Concanaco, la Canacintra, entre otras cúpulas empresariales, sirvió para pactar un esquema de trabajo sobre una agenda común en la que destaca el combate a la corrupción en varias dimensiones.
Entre ellas, destacó la revisión y reforma de reglas de contrataciones públicas, a efecto de que se busquen esquemas para privilegiar las licitaciones sobre las invitaciones restringidas o asignaciones directas.
Asimismo, se revisarán los trámites que realizan las empresas con el gobierno y que para el sector privado deben simplifcarse porque son una fuente más de corrupción. Andrade mencionó también que se realizarán mediciones .
Castañón aseveró que el costo de la corrupción en México es estimado en un 2 por ciento del Producto Interno Bruto, en tanto que la sobrerregulación repercute en un 3.5 por ciento del PIB, pues es el costo que tiene para las empresas la existencia de 7 mil trámites a nivel federal y 150 mil trámites en los otros dos niveles de gobierno.
