Armando G. Tejeda, corresponsal
Madrid. Cataluña está en la calle y decidida a enarbolar la bandera de la protesta pacífica para defender el derecho a decidir su futuro. Desde el pasado miércoles por la mañana, cuando se registraron las primeras 14 detenciones de funcionarios y empresarios relacionados con el proceso, miles de ciudadanos salieron a las plazas públicas, a las grandes avenidas y los barrios y pueblos más inhóspitos para exigir “democracia”, para denunciar la “política represiva” impuesta desde Madrid y que pretende “amordazar a un pueblo para votar en libertad”. A las caceroladas, concentraciones y actos de protesta durante la madrugada, a lo largo de ayer se volvieron a registrar grandes manifestaciones en las principales ciudades catalanas, sobre todo en Barcelona.
El principio foco de la protesta pacífica se registró en la sede del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, donde se ubica el juzgado número 13 desde el que se emitieron las órdenes de detención contra 14 ciudadanos -entre ellos altos cargos de la Generalitat de Cataluña y hombres clave en la organización de la consulta- y el registro de más de 40 inmuebles, incluidas algunas empresas de mensajería y de informática que podrían tener relación con la consulta. Ahí, miles de jóvenes que cambiaron las aulas de clase por la defensa de su proyecto de futuro se concentraron durante más de cuatro horas para exigir la puesta en libertad de los detenidos y la paralización de las medidas represivas contra las instituciones y personas que impulsan el proceso soberanista.
Después de pasar la noche en los calabozos de la comisaría, el juez instructor finalmente accedió a conceder el habeas corpus a siete de los 14 detenidos, sin embargo trascendió que la mayoría de ellos, incluido Josep María Jové, secretario de Economía y mano derecha del vicepresidente de la Generalitat y máximo líder de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Oriol Junqueras, será acusado de varios delitos, el más grave el de sedición, por el que podría ser condenado a una pena de hasta 15 años de cárcel.
