Juan Ricardo Montoya, corresponsal
Pachuca, Hgo. El sacerdote católico y defensor de los derechos humanos de los migrantes, Alejandro Solalinde, visitó al empresario Manuel Samuel Castro Mercado, apoderado de International Pacific Development, quien permanece en prisión desde enero de 2012, acusado del homicidio de un trabajador, en un proceso que, según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), está “plagado de irregularidades e inconsistencias”.
El coordinador del albergue Hermanos en el Camino, con sede en Ciudad Ixtepec, Oaxaca, ingresó al Centro de Reinserción Social (Cereso) de Pachuca alrededor de las 11 de la mañana de este domingo para reunirse y expresar su solidaridad a Castro Mercado, propietario de Motor Coach Industries México (antes, Diesel Nacional, Dina).
En septiembre de 2014, la CNHD emitió una recomendación al gobierno de Hidalgo, en ese entonces encabezado por el priísta Francisco Olvera Ruiz, en la que señaló que policías ministeriales, agentes del ministerio público y peritos en criminalistica incurrieron en graves violaciones al debido proceso.
Aunque Olvera Ruiz aceptó la recomendación, nunca la acató, y los funcionarios involucrados nunca fueron sancionados.
Solalinde, tal como lo adelantó La Jornada, prometió visitar al empresario toda vez que tras permanecer cinco años tras las rejas hasta el momento no se le ha podido demostrar su responsabilidad en la autoría ni intelectual ni material del asesinato de un obrero durante una frustrada toma de la planta de lo que fue
Dina Nacional por parte de empleados de esa empresa encabezados por su dirigente, Artemio Vezquez El Pájaro.
Castro Mercado ha manifestado que el proceso en su contra es una artimaña para apoderarse de la empresa Motor Coach México, la cual fue adquirida por Pacific en 500 millones de pesos en 2010.
Identifica a Artemio Vázquez Peña, dirigente y apoderado legal del sindicato de los ex trabajadores de la antigua Dina, de estar detrás de las acusaciones en su contra y de su permanencia en prisión. Agrega que pretendió extorsionarlo luego de la venta de la compañía.
Precisó que la adquisición se dio en 2010; Vázquez Peña –apoderado de los sindicalizados a quienes fueron adjudicados los bienes luego de la quiebra en 2003–, dice, fue quien vendió la planta, cobró el dinero e instó a unos 60 ex empleados a tomar la planta, afirmando supuestas irregularidades en la compraventa.
El homicidio de Josué Matilde Cotonieto ocurrió el 28 de enero de 2012, afuera de la planta, durante un enfrentamiento en el que ex trabajadores de Dina pretendían “recuperar” las instalaciones.
De acuerdo el empresario, en ese momento él, en compañía de personal de la empresa y algunos familiares, estaba en las oficinas centrales, a un kilómetro del lugar de los hechos.
