José Antonio Román
Ciudad de México. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó al gobierno mexicano medidas cautelares para proteger a las más de 500 personas de origen guatemalteco que desde hace más de una semana se asentaron en el municipio de Candelaria, en el estado de Campeche, luego de haber sido desalojadas de su comunidad en el vecino país del sur.
Ciudad de México. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó al gobierno mexicano medidas cautelares para proteger a las más de 500 personas de origen guatemalteco que desde hace más de una semana se asentaron en el municipio de Candelaria, en el estado de Campeche, luego de haber sido desalojadas de su comunidad en el vecino país del sur.
Las medidas cautelares, dirigidas a los tres niveles de gobierno, incluyen proporcionar el apoyo humanitario necesario e indispensable para satisfacer las necesidades básicas de alimentación, sanitarias, médicas y de seguridad.
El organismo nacional informó que entre esa población de desplazados hay 35 mujeres, de las cuales 12 cuentan con embarazo que va de los 2 a los 9 meses de gestación; 4 mujeres adultas mayores; 126 niños y adolescentes varones, entre ellos 4 recién nacidos; 87 niñas y adolescentes mujeres, entre las cuales hay 6 recién nacidas; y 151 varones, de los cuales 8 son adultos mayores.
Además dijo tener conocimiento que entre esa población han surgido brotes de enfermedades gastrointestinales, y al no contar con un lugar para su aseo personal, algunas personas presentan salpullido en la piel, además de que se terminó el suministro de alimentos que les proporcionaban la Pastoral Social de Guatemala y pobladores de la comunidad El Desengaño.
El pasado 2 de junio, este grupo de personas de la comunidad de San Andrés en Laguna Larga, municipio de La Libertad en Petén, Guatemala, fueron desplazadas de sus tierras tras el anuncio de que más de un millar de efectivos de la Policía Nacional Civil y del Ejército guatemalteco avanzaban a la zona para desalojarla masivamente.
Diversas organizaciones de derechos humanos de México señalaron que el gobierno mexicano tuvo conocimiento oficial de la inminencia del desalojo por parte de par guatemalteco desde varios días antes de que se ejecutase.
Incluso, señalaron, estuvieron presentes desde su llegada elementos de seguridad nacional (Ejército, Policía Federal e Instituto Nacional de Migración). Pero ni el gobierno de México ni el de Guatemala, han proporcionado los recursos suficientes para aliviar la condición indigna del campamento poniendo en riesgo la salud y la vida, especialmente de la población más vulnerable.
