Por Dpa
Guatemala. Un juez suspendió hoy la audiencia intermedia para decidir si se abre proceso oral y público contra el ex presidente Otto Pérez Molina (2012-15) y la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, entre otros sindicados por el caso de corrupción La Línea.
El juez Miguel Ángel Gálvez, titular del Juzgado B de Mayor Riesgo, abrió la audiencia a las 9:35 horas (15:35 GMT), pero a las 10:14 (16:14 GMT) resolvió suspenderla al advertir que había “solicitudes pendientes”, incluyendo una apelación de la Procuraduría General de la Nación (PGN), que espera participar como querellante en el caso.
En tanto, Pérez accedió a hablar con la prensa en la sala de la audiencia, una vez se retiró el juez y las otras partes procesales.
El ex mandatario reafirmó su inocencia, aseguró que “dará la cara” y argumentó que en su momento pudo abandonar el país, pero no lo hizo.
Asimismo, Pérez arremetió contra la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y contra Estados Unidos y su embajador en el país, Todd Robinson, a los que acusó por su “injerencia” e “intromisión” en asuntos internos.
El ex mandatario aseguró que “detrás” del caso que se “fabrica” en su contra está la Cicig y afirmó que ésta se ha convertido en una “herramienta de Estados Unidos”.
Sostuvo que una de las últimas muestras de dicha injerencia fue la elección por parte del Legislativo de la magistrada Gloria Porras para la Corte de Constitucionalidad (CC).
Explicó que la embajada de Estados Unidos cabildeó y presionó a los jefes de los distintos bloques políticos representados en el Congreso para que este organismo eligiera a Porras.
“No he visto que los medios de comunicación publiquen esos casos (de injerencia de Estados Unidos)… Ella (Porras), se convirtió en operadora de Estados Unidos”, indicó.
Asimismo, el ex mandatario se quejó por la espera que ha debido mantener en prisión por el aplazamiento de la investigación y lo atribuyó a que “buscan tiempo para terminar de armar un caso” en su contra.
Pérez renunció al cargo el 2 de septiembre de 2015, apenas unos días antes de que el país celebrara comicios generales, el 6 de septiembre. Baldetti lo había hecho el 8 de mayo bajo una fuerte presión popular tras las investigaciones que arrojaron los primeros resultados el 16 de abril, cuando fueron detenidos 22 de los implicados en el escándalo.
