Sospechan “ecuación laboral”
Cero observaciones a dos municipios. ¿Será?
A los videos que desde hace semanas circulan por Internet en los que ex trabajadores del ayuntamiento de la capital relatan cómo fueron acosados, presionados, amenazados y, finalmente, corridos de la administración municipal por haberse negado a firmar documentos para aceptar una reducción salarial, se suma la protesta realizada ayer por algunos de los afectados a las afueras del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje.
Los ex empleados municipales eligieron ese lugar porque es ahí donde se encuentran, pendientes de resolución, las demandas interpuestas en contra de 600 despidos de los más de mil que han sido registrados únicamente en lo que va del periodo de Ricardo Gallardo Juárez al frente de la capital. Además, una de las personas que debe decidir el destino laboral de los trabajadores es Rosa de Guadalupe Cervantes Gamboa, presidenta del Tribunal y persona cercana al alcalde.
En el trienio 2009-2012, cuando Gallardo Juárez era alcalde del municipio de Soledad de Graciano Sánchez, Rosa de Guadalupe se desempeñó como síndico municipal, por esa razón los ex trabajadores sospechan que ella está influyendo negativamente para ralentizar sus expedientes. Durante la manifestación, colocaron pancartas a las afueras del Tribunal en las que se cuestionaba la existencia de un “ecuación laboral” dentro del Tribunal a beneficio de los intereses de su ex jefe.
También, denunciaron que han sido falsificados sus documentos para hacer creer que renunciaron de manera voluntaria. La acusación es bastante seria y ameritaría la intervención de la Procuraduría General de Justicia del Estado para determinar si es cierto o no que desde el ayuntamiento o en el propio Tribunal se adulteran papeles a conveniencia; sin embargo, hasta ahora ningún trabajador ha presentado la querella correspondiente por ese delito.
Como el 27 de septiembre concluirá el periodo de Rosa de Guadalupe Cervantes en el TECA, todo parece indicar que buscará ser reelecta por el Congreso local; ahí tendrán la oportunidad de hacerse escuchar y aprovechar que la vida legislativa ya no aguanta otro escándalo para evitar que se reafirme en el cargo.
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Enrique Flores Flores se presentó ante la Procuraduría General de Justicia del Estado para declarar por su presunta participación en actos de corrupción. Como parte de las investigaciones ya se recabaron los testimonios de, al menos, dos alcaldes y diversos funcionarios.
Si no lo ha hecho, la PGJE debería estar obligada a llamar a cuentas a los increíblemente impecables alcaldes de San Luis Potosí y Rioverde, municipios cuyos pliegos de observaciones realizados por la Auditoría Superior del Estado aparecen en ceros. Precisamente ese nivel de pulcritud era el que le prometía Flores Flores al presidente municipal de Ébano, sin saber que estaba siendo videograbado.
