Jorge Torres
El Comité en Defensa de la Sierra de Álvarez, junto con la organización ambientalista Pro San Luis Ecológico, anunció que, derivado del juicio de nulidad que se interpuso contra la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam) en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, porque la dependencia se declaró incompetente para resolver la protección del área natural protegida de la Sierra de Álvarez que está siendo contaminada por la empresa Cal Química de Grupo Calidra, el tribunal concedió la razón al comité y ordenó a la dependencia estatal emitir una nueva resolución a la denuncia popular, dándole un plazo de 15 días, informó Guillermo Morales López, parte del área jurídica del comité.
“Desde hace varios años Pro San Luis Ecológico ha venido dando una batalla legal y social por el respeto al área natural protegida de la Sierra de Álvarez. En este transitar hemos conocido personas y organizaciones preocupadas y ocupadas en el mismo tema, con quienes el 6 de noviembre de 2015 interpusimos una denuncia popular ante la Segam con el objetivo de exigir el respeto a la legalidad, así como la clausura de la empresa Cal Química que opera en la Sierra de Álvarez”, narró el abogado, quien denunció que esta empresa no cuenta con el permiso estatal al que se refiere el artículo 65 de la Ley Ambiental de San Luis Potosí.
Destacó que ha sido un peregrinar de nueve meses hasta el día de ayer, cuando se dio finalmente esta resolución de nuevo con base en los principios de congruencia que marca la ley de procedimiento administrativo, por lo cual la Segam tendrá que acatar esta resolución para dar una respuesta satisfactoria en este tema que ha provocado impunidad ante las operaciones contaminantes de una empresa que está devastando la Sierra de Álvarez: “el Estado ha sido omiso, identificamos que además de estar dañando el ambiente esta empresa opera sin permiso con anuencia del gobierno del estado”, recalcó.
Finalmente, explicó que, ante la resolución del tribunal, ahora sólo queda espera la respuesta de la Segam, aunque advirtió que si la nueva resolución de la dependencia estatal no determina la clausura de la empresa, como comité seguirán recurriendo al juicio de amparo para hacer valer la legalidad que está siendo violentada, así como su derecho humano a un ambiente sano.
