Samuel Estrada
De nueva cuenta, y en el marco de la apertura del periodo ordinario de sesiones, medio centenar de integrantes de asociaciones civiles se manifestó en el Congreso del Estado para exigir a los legisladores locales que den marcha atrás a la medida que realizaron de eliminar los apoyos legislativos, dinero que después sumaron a sus propios sueldos, donde la propuesta ciudadana es que esta partida se destine en la compra de tarjetas de prepago de transporte público para personas de escasos recursos; como segundo punto, el tema de la eliminación del fuero constitucional, y posteriormente también que se le dé trámite a una eventual destitución del titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), José de Jesús Martínez Loredo.
Desde la semana pasada quedaron que entregarían por escrito las propuestas para que una comisión de diputados los pudiera resolver y establecer la mesa de diálogo correspondiente, sin embargo ahora los legisladores arguyen que no se les entregó el escrito con tiempo suficiente y apenas se los dieron el día de ayer, por lo que no ha habido tiempo suficiente para analizarlo.
Cabe destacar que el protocolo de inicio de sesión extraordinaria y ordinaria estuvo marcado por las pancartas y los gritos de los inconformes al son de “¡diputados ladrones, escucha a tus patrones!”. Posteriormente, una comisión de los inconformes fue recibida por seis de los ocho integrantes de la Junta de Coordinación Política: Fernando Chávez (PRI), Manuel Barrera (Verde), José Belmares (PT), Graciela Gaytán (PRD), Ricardo García Melo (Panal), y Jesús Cardona (Morena); los dos diputados que no asistieron fueron Óscar Vera (Conciencia Popular) y Enrique Flores (PAN), todo esto con la idea de llegar a algún acuerdo y no interrumpir la realización de la sesión.
Al respecto, José Guadalupe González, vocero de Ciudadanos Observando, al término de la reunión, señaló que en algún momento se volvió tensa la discusión, ya que los diputados nunca estuvieron abiertos a explicar por qué decidieron aumentarse el sueldo, sobre todo porque saben que fue algo completamente ilegal.
Dijo, además, que “es muy difícil hablar con diputados muy aferrados, hay mucha resistencia de su parte, nos da temor que sólo quieran ganar tiempo. Alguno o que otro diputado sí abrieron la puerta a que nuestra propuesta camine, pero en general está cerrado, lo único que queremos es que termine el agravio a la ciudadanía”.
Por último, el activista refirió que se llegó al acuerdo de que el lunes 19 de septiembre se dará una revisión a los avances de la propuesta por medio de la Junta de Coordinación Política, que atenderá a la ciudadanía, y, finalmente, el 26 de septiembre deberán públicamente dar respuestas claras y concretas de las propuestas, por lo que se requiere más unión y compromiso de la ciudadanía para que las exigencias sean tomadas en cuenta y no vayan a presentar pretextos para no cumplirlas.
