Antonio Heras, corresponsal
Mexicali, BC. En las aprehensiones efectuadas en Baja California para enfrentar procesos penales, a dos de cada 10 detenidos los presionaron durante el proceso de arresto para declararse culpables, para lo cual se aplicaron torturas como: descargas eléctricas en el cuerpo, quemaduras, violación sexual, golpes, incomunicación, amenazas, vendaje de ojos, cabeza cubierta e impedimento para respirar, se indica en la Encuesta Nacional de Población Privada de su Libertad (ENPOL) realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
El Inegi advierte que 18 por ciento de la población carcelaria declaró ser víctima de presiones psicológicas y físicas para inculparse de algún delito.
Estos datos coinciden con informes sobre tortura y tratos crueles en arrestos por parte de Amnistía Internacional y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que documentaron en 2014 al menos tres casos con cinco víctimas de estas conductas ilegales de integrantes de corporaciones policiales bajacalifornianas.
Uno de esos litigios que concluyó con la liberación por desvanecimiento de pruebas del imputado, luego de tres años de prisión, estuvo a cargo del Centro de Defensoría Técnica en Derechos Humanos de Baja California.
Un porcentaje similar de los privados de libertad en esta entidad respondió en la encuesta que su aprehensión se hizo en lugares privados, sin que se contara con órdenes de aprehensión, ni tampoco se les permitió contactar a un abogado.
