César Arellano García
Ciudad de México. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal de Ciudad de México otorgó la protección de la justicia federal al ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa.
La medida implica que un juez de control con sede en el Reclusorio Norte, determine si es procedente disminuir la sentencia de nueve años que le interpuso en 2018, luego de declararse culpable de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa.
En entrevista con La Jornada, Ricardo Antonio Sánchez Reyes Retana, abogado del ex gobernador veracruzano, señaló que el fallo el juez de control debe turnar al Tribunal Unitario la apelación, mismo que deberá determinar, en caso de admitirla, si la sentencia es legal o no.
“Con la finalidad de que el juez de control que lo sentenció en el procedimiento abreviado, le dé trámite a la apelación y lo mande al unitario para su substanciación (conducir un asunto o juicio por la vía procesal adecuada hasta ponerla en estado de sentencia), esto nos abre la puerta para que el tribunal estudié si fue legal”.
Con la apelación el unitario ya no tendrá que pronunciarse sobre el primer escrito que interpuso Javier Duarte de Ochoa y en el que se desistió de apelar la condena, ya que en un segundo solicitó desconocer tal desistimiento. “Lo que sigue es esperara a que se tramite el recurso y los magistrados advertirían que si fue legal, habría que ver cuáles fueron los vicios que le encontró, si es un vicio de forma o de fondo para reponer todo o una parte del procedimiento (audiencia)”, agregó Sánchez Retana.
Hace un mes, el tribunal unitario aseguró que el juez de control se extralimitó en sus facultades al desistir el recurso de apelación, porque sólo le compete al Tribunal Unitario pronunciarse sobre el caso. Para la defensa legal, coincide con que se violaron los derechos humanos de legalidad y seguridad jurídica, de su cliente. Sin embargo no descartó que también el Tribunal Unitario se pronuncie por no dar trámite a la apelación.
Javier Duarte de Ochoa fue condenado a nueve años de prisión en septiembre de 2018. En ese entonces el juez Marco Antonio Fuerte Tapia determinó el decomiso (para su posterior venta y entrega de los recursos a la Tesorería de la Federación) de 41 bienes, entre los que se encuentraban 21 parcelas (que se localizan en Campeche) y 20 inmuebles (casas, departamentos y terrenos), que se ubican en Ciudad de México, Cancún, estado de México y Veracruz.
En esa ocasión fue la primera vez que un ex gobernador acusado de desvío de recursos públicos era sentenciado en el nuevo sistema de justicia penal, lo cual también permitiría que su condena se pueda reducir hasta en 50 por ciento.
