Armando G. Tejeda
El Tribunal Supremo de España decidió suspender de forma cautelar la aplicación íntegra de la llamada “ley de nietos”, que a través de la Ley de Memoria Democrática otorga la nacionalidad española a los descendientes del exilio durante la Guerra Civil (1936-1939) y la dictadura fascista de Francisco Franco (1939-1975).
La decisión judicial afecta a cerca de dos millones 400 mil personas, que no podrán ejercer su derecho al voto, al menos de momento, bajo el argumento de que el censo electoral creado a raíz de la aplicación de la ley “supone un peligro fundado, real y serio para la objetividad y transparencia” de las elecciones del próximo año.
El Ejecutivo español, presidido por el socialista Pedro Sánchez, reaccionó con malestar a esta nueva decisión judicial.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo admitió a trámite una denuncia presentada por el partido de extrema derecha Vox y por la agrupación conservadora Iustitia Europa, que mantienen que la llamada “ley de nietos” es una “adulteración encubierta” del censo electoral para beneficiar a los partidos que actualmente detentan el gobierno español, es decir el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y la coalición de izquierdas Sumar.
En el auto judicial, los magistrados justifican la suspensión cautelar al explicar que el aumento “notable” del censo electoral genera “un peligro fundado, real y serio de poder afectar gravemente a la objetividad y transparencia del proceso electoral, causando entonces un daño irreversible a la rectitud y corrección de aquel”.
Entre los magistrados no hubo unanimidad y sí un voto discrepante, el de la jueza María Alicia Millán, quien señaló en su escrito que la suspensión de un derecho tan importante como el del sufragio “se construye sobre una hipótesis futura e incierta” y que al bloquear estos expedientes se incurre en “la privación de uno de los efectos más relevantes inherentes al reconocimiento de la nacionalidad española, cual es la participación en los procesos electorales en los términos establecidos por las leyes”.
El propio presidente del gobierno Pedro Sánchez lamentó la decisión del Supremo y aseguró que su gobierno no quiere “ciudadanos de primera y de segunda, sino todos de primera y todos con derecho a voto. Aquellas personas a las que sus padres y madres obligaron al exilio, ustedes quieren robarles el principal derecho de la ciudadanía, que es el derecho a voto”, reclamó a los líderes de la derecha y la ultraderecha española, que están detrás de la denuncia para suspender la legislación.
