Samuel Estrada
Uber y Cabify podrían operar “sin mayor problema” en San Luis Potosí amparándose en el artículo quinto de la Constitución, ya que el artículo 30 de la Ley del Transporte del Estado es inconstitucional, pese a que gobierno y taxistas aseguran que de comenzar a operar se trataría de una “provocación” al estado de derecho.
El experto en materia jurídica José Mario de la Garza Marroquín detalló que la Constitución prevé que si hay dos particulares que se ponen de acuerdo para que se les transporte de un lugar a otro pues se trata de un contrato entre privados y no constituye un servicio de transporte público como tal, como lo que señala el artículo 30 de la ley estatal del transporte.
Indicó: “yo creo que por la vía del amparo, llevado ante cualquier tribunal federal se gana sin problemas, ya que además este artículo estatal contraviene el artículo quinto de la Constitución, de que no me pueden restringir laborar en una actividad completamente lícita y mucho menos celebrar un contrato entre particulares”.
Refirió que entonces, ante el escenario en el que se encuentra hoy en día San Luis Potosí, parece que estas empresas comenzarán a operar luego de haber tramitado sus amparos ante la justicia federal y seguramente fue algo que sondearon previamente con expertos y propia gente de los tribunales federales, porque se trata de empresas internacionales que no dan un paso sin tener todo bien asegurado.
Finalmente, comentó que además hay antecedentes en todo México, que ha tomado la propia Comisión Federal de Competencia que siempre resuelve en el sentido de que haya una mayor apertura y de que siempre haya más competidores y mayor competencia, difícilmente resolvería en mantener cualquier nicho de mercado cerrado a unos cuantos, “creo que ganarán su amparo de manera muy sencilla, por eso le están apostando a venir a pesar de este artículo estatal, que además es inconstitucional”.
Operación de Uber y Cabify, “una provocación”
Augusto Contreras, a nombre del Frente Común de Organizaciones de Taxistas (Frecot), señaló que el que ya no solo sea Uber sino ahora también una empresa similar como lo es Cabify anuncie su llegada a la capital potosina, sin lugar a dudas es algo “muy negativo para todos, porque al final de cuentas se trata de un pirataje sofisticado”.
Reiteró que si aunque estén conscientes de que es algo que está prohibido por la ley, se atreven a seguir con sus reuniones informativas e incluso a anunciar que van a comenzar a operar, por supuesto que se trata de una “provocación” no sólo para el taxismo potosino, sino a las autoridades competentes, “están retando al Estado”.
Recordó que en su momento el secretario general de Gobierno, Alejandro Leal Tovías, se manifestó en el sentido de que serían tratados como “piratas”, entonces “esperemos que sea así” pero que de verdad haya operativos para detectarlos y castigarlos, ya que actualmente los inspectores que tiene la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) son insuficientes para controlar el pirataje, por lo que se requiere la intervención de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE).
Dijo además que nadie les impide su derecho a trabajar en el rubro del transporte público, porque todos los interesados tienen derecho de participar, pero deben de hacerlo por la vía legal e institucional, los interesados deberán de participar en la convocatoria que está por emitir la SCT para nuevas concesiones de taxis para la capital potosina, en donde luego de un estudio que se realizó por parte de un departamento de la UASLP, se determinó que se requieren al menos 400 concesiones nuevas para la zona metropolitana de la capital potosina.
Se respetarían disposiciones de la justicia federal
Por su parte, Leal Tovías reiteró que la posición del gobierno del estado es la misma y si se detecta a personas que estén violando el artículo 30 de la Ley de Transporte del Estado pues se actuará en consecuencia, la SCT a través de sus inspectores tendría la facultad de detenerlos y sancionarlos.
El funcionario comentó de igual forma que si hay el interés de aumentar la oferta de transporte público para la zona metropolitana de la capital potosina, por supuesto que la posición del gobierno es que haya la apertura, pero no tiene dentro de sus facultades modificar las leyes, al contrario, tiene que cumplirlas y hacerlas cumplir, entonces está en manos del Legislativo realizar los trabajos necesarios para que esto sea posible y se modifique la ley.
Por último, recalcó que la administración estatal no está en contra de plataformas como las de Uber o Cabify, al contrario, le da la bienvenida a todo lo que tenga como fin colaborar en el tema de movilidad y bienvenida también la tecnología, pero está claro que también se tiene que hacer respetar la ley, ya si en su momento obtienen un amparo de la justicia federal “pudiera ser que ellos comiencen operaciones amparados, hay recursos legales para todo mundo y no podemos impedir el derecho de nadie y se tendría que respetar”.
