AMDA interpone amparo contra L7 del Metrobús

Laura Gómez

Ciudad de México. La Academia Mexicana de Derecho Ambiental (AMDA) interpuso un amparo indirecto contra la construcción de la Línea 7 del Metrobús, en Paseo de la Reforma, en el juzgado federal octavo de distrito en materia administrativa, a fin de detener las obras que tendrán un impacto negativo en materia ecológica, de salud y social.

En conferencia de prensa, señaló que dicha autoridad cuenta con un máximo de 30 días para declarar una suspensión provisional, tiempo en el cual se buscará que la Suprema Corte de Justicia de la Nación atraiga este caso, cuyo proyecto, a modo, no cuenta con una evaluación de impacto ambiental, estudios técnicos ni autorizaciones por parte de los Institutos Nacionales de Antropología (INAH) y Bellas Artes (INBA), que impactará a un área de valor ambiental en la primera sección del Bosque de Chapultepec, a la altura de la Glorieta de Petróleos, para construir un Centro de Transferencia hacía Santa Fe.

Rolando Cañas, presidente de la AMDA, explicó que el amparo tiene como objetivo que se detenga la obra –que lleva más de 40 por ciento de avance–, pues causaría daños irreparables a los derechos humanos, a la salud y la cultura; y no consideró una consulta pública entre vecinos e integrantes de la comunidad indígena.

“Se trata de una puñalada ambiental que ha dado la administración capitalina, pero les va a fallar, porque no vamos a permitir continúe este vulgar negocio crematístico, que tiene intereses aberrantes al poner por delante el lucro”, afirmó a su vez, Ramón Ojeda, fundador de dicha asociación.

La Línea “Dorada” del Metrobús, señaló, reducirá la velocidad de crucero promedio de 17 kilómetros por hora, generará mayor tráfico al reducir un carril de circulación e incrementará los casos de contingencia ambiental, por el hecho de entregar a una empresa privada esta obra que viola el acuerdo paralelo del TLC firmado con Estados Unidos y Canadá.

Diana Ponce Nava, ex Procuradora Ambiental y del Ordenamiento Territorial, explicó que el gobierno capitalino no tiene facultades para aprobar este corredor, debido a que el Paseo de la Reforma es un bien de dominio público federal, con base en la ley general de bienes nacionales.

Además, impactará negativamente a un promedio de cien monumentos históricos y artísticos ubicados en Reforma y Calzada de Los Misterios, para la cual no se cuentan con las autorizaciones ni los dictámenes técnicos correspondientes para la realización de obras.

Recordó que este caso no es nuevo, pues en 2005, el constitucionalista Ignacio Burgoa Orihuela, impugnó la construcción del entonces ReformaBus, debido, precisamente, a la falta de atribuciones de las autoridades capitalinas.

Los tres especialistas coincidieron en señalar que se carece de justificación técnica y legal, por lo que debieron haber licitado metrobuses eléctricos o híbridos, en lugar de doble piso, porque “ni se mejorará la movilidad y continuarán los problemas de congestionamiento, así como la contaminación”.