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Aldo Anfossi, especial para ‘La Jornada’
El presidente chileno Gabriel Boric indultó este viernes a 12 personas que cumplían condenas por hechos de violencia protagonizados en el marco del estallido social de 2019, cumpliendo así con uno de sus más controversiales y sentidos compromisos de gobierno, particularmente con las organizaciones sociales y los familiares cuyos integrantes se alzaron contra el orden establecido durante semanas y meses.
El indulto presidencial favoreció también a un ex miembro del subversivo Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) -una organización inicialmente vinculada al Partido Comunista que optó por la vía armada para derrocar al dictador Augusto Pinochet-, sentenciado a 16 años de prisión por su rol en un asalto a un banco en 2013.
La decisión provocó el unánime e instantáneo repudio de la oposición derechista, que decidió retirarse de las negociaciones para consensuar un acuerdo nacional de seguridad en materia preventiva y represiva del delito. Además, anunció que acusará constitucionalmente a la ministra de Justicia, Marcela Ríos, la autoridad política encargada de recomendar y ejecutar los indultos.
“Mientras el país clama porque los delincuentes estén presos, usted se dedica a liberarlos. No vamos a seguir conversando con el gobierno en esas condiciones”, dijo el jefe de diputados de Renovación Nacional, Andrés Longton, dirigiéndose a Boric.
El mandatario, respondiendo al enconado ataque y refrendando su decisión, aseguró que los indultados “no son delincuentes”, que la suya fue “una decisión difícil y muy meditada”, que es “un compromiso y yo cumplo mis compromisos” y que “lo hago pensando en el bien de la patria”.
“Tenemos que sanar estas heridas, acá vivimos un proceso que fue tremendamente complejo y donde estos jóvenes no son delincuentes. Es un compromiso personal, son decisiones complejas, pero las asumo responsablemente”, reseñó.
Respecto de la reacción de la derecha, el gobernante planteó que en el “cómo enfrentamos a la delincuencia, pongamos a la gente por delante de las disputas políticas”.
El estallido social iniciado el 18 de octubre de 2019, que se prolongó con mayor o menor intensidad durante meses y que sólo la pandemia del covid-19 logró aplacar en marzo de 2020, se caracterizó por inmensas multitudes indignadas en las calles de Chile, algunas de las cuales protagonizaron hechos delictuales -incendios intencionales, saqueos de comercios, destrucción de bienes públicos y privados, etc.- cuya represión a manos de la policía y militares causó 34 muertos confirmados, centenares de heridos a bala y por disparos de escopeta, mutilaciones de rostros, cegueras parciales y/o totales, además de unos 9.000 detenidos que por años cumplieron prisión preventiva sin recibir cargos penales y/o ir a juicio.
Los indultados cumplían condenas entre los 3 años y los 15 años de presidio, por delitos de incendio, homicidio frustrado contra funcionario policial, arrojar artefacto incendiario en la vía pública contra Carabineros, tenencia, posesión o porte ilegal de partes o piezas de armas de fuego y cartuchos, lanzamiento de bombas molotov y elaboración de artefactos incendiarios.
