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CCE solicita revisión de rubros fiscales de la Ley de Ingresos

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Julio Reyna Quiroz

Ciudad de México. La propuesta de Ley de Ingresos para 2017 de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público contiene cuatro temas que, de aprobarse, “serían contraproducentes para las empresas y la actividad económica”, por lo cual deben ser modificados por la Cámara de Diputados, aseveró este lunes Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), el organismo cúpula del sector privado.

A los empresarios les preocupa “mucho” y “muy en especial” el tema del acreditamiento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) por inversiones en periodos preoperativos.

“De manera desafortunada, se difiere este derecho y la devolución del IVA por las erogaciones realizadas hasta el momento en que se inicien las operaciones de una empresa”, dijo Castañón.

Esa propuesta implicará un costo financiero significativo para las empresas que estén invirtiendo, obligará a modificar los modelos de inversión, y representa “un claro retroceso y desincentivo para la inversión”, agregó.

Otro tema de preocupación es la retención del Impuesto Sobre la Renta (ISR) por intereses.

Según Castañón, la iniciativa modifica la mecánica de cálculo de la tasa de retención de ISR por pago de intereses, lo que dará resultado un incremento en la tasa para quedar en 0.58 por ciento en lugar de 0.50 por ciento vigente.

“Un incremento de tal magnitud contraviene a lo establecido en el pacto de no establecer nuevos impuestos ni aumentar las tasas de los ya existentes”.

Castañón dijo también que en la propuesta del Ejecutivo se deberán incorporar reglas de gobierno corporativo para aquellas donatarias filantrópicas con ingresos de más de 100 millones o activos mayores a 500 millones, y se incorpora como supuesto de liquidación cuando les revoquen la autorización o cambien de residencia, debiendo en consecuencia transmitir la totalidad de su patrimonio a otra donataria, entre otras medidas.

“Esto es inaceptable, generaría una gran incertidumbre e inhibiría la actividad filantrópica en México. Se requiere revisar”, dijo el dirigente del CCE.

Por último, el empresario indicó que la iniciativa actualiza por inflación diversos derechos, pero “resalta un incremento significativo en el caso de los derechos que se cobran por el análisis de las consultas en precios de transferencia. Esto es muy gravoso para las pequeñas empresas, al pasar los derechos de 12 mil 912 a 216 mil 308 pesos; significará un gran esfuerzo y un gran costo para las pequeñas empresas.

Castañón sostuvo además que falta prioridad en temas que impulsen la actividad económica, como la deducción plena de las prestaciones laborales, que hasta el momento sólo pueden ser deducibles de 47 a 53 por ciento, y que sean deducibles las prestaciones laborales obligatorias por Ley, como aguinaldo, prima vacacional, horas extras y PTU.

“El haber eliminado esto, con la última reforma fiscal, ha sido muy gravoso para muchas empresas y está desincentivando la formalidad”, dijo Castañón, quien hizo un llamado a los legisladores.

“Agotemos las opciones que tenemos para estimular y favorecer la inversión, el empleo y el poder adquisitivo, y sobre todo el ahorro de las familias mexicanas. Evitemos todo gravamen o medida que desacelere el crecimiento. Sobre todo hoy, que es imperativo reforzar los crecimientos internos de nuestra economía”, apuntó Castañón.