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Miriam Posada
Ciudad de México. El presidente de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos, Manuel Herrera Vega, celebró que la Secretaría de Economía haya ampliado por 6 meses la aplicación de un arancel especial a las importaciones de acero proveniente de países con los que México no tiene tratados comerciales, y señalo que se trata de una medida favorable para la industria siderúrgica nacional.
“La industria siderúrgica nacional es símbolo y garantía de calidad. La participación del sector del acero es del 11.1 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) manufacturero nacional y fuente de miles de empleos; México el segundo productor de acero en América Latina y el décimo tercero a nivel mundial. Por ello, es fundamental trabajar en medidas que permitirán combatir con prontitud la avalancha de importaciones a México”, agregó.
“El decreto por el que se modifica la Tarifa de la Ley de Impuestos Generales de Importación y de Exportación es, sin duda, una medida que actúa en favor de la industria siderúrgica nacional. Este sector aún se encuentra en un entorno de competencia desleal, principalmente de China, por lo que la implementación de un arancel temporal de 15 por ciento a las importaciones de acero nos permite trabajar en la integración de acciones y propuestas que sumen a la sana competencia entre las industrias de los diferentes países”, indicó el empresario.
Reiteró que los afiliados a la Concamin mantendrán la colaboración para fortalecer el marco comercial de competencia leal, y enla coadyuvancia para detener y sancionar con eficacia las prácticas desleales que afectan a la industria nacional.
Esta medida establece el aumento temporal de los aranceles de importación de 97 fracciones arancelarias de productos siderúrgicos, con el fin de propiciar el espacio necesario para que la industria nacional siderúrgica tenga la oportunidad de integrar su defensa, en pleno apego a los instrumentos que provee el marco jurídico nacional.
Asimismo se mantiene la modificación del decreto por el que se establecen diversos programas de promoción sectorial, con el fin de incorporar temporalmente diversas fracciones arancelarias para mantener la competitividad de las cadenas productivas en los sectores industriales más sensibles, como lo son el eléctrico, electrónico, automotriz y de autopartes.
