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Gustavo Castillo García, enviado
Guatemala. El ex gobernador de Veracruz Javier Duarte de Ochoa decidió ser extraditado a México, al considerar ‘‘irrisorias, vagas, imprecisas y ligeras’’, las imputaciones que le formuló el gobierno veracruzano por tráfico de influencias, incumplimiento del deber legal, peculado y abuso de autoridad.
Lo anterior no significa que será entregado a autoridades mexicanas de manera inmediata, ya que el próximo 4 de julio habrá una audiencia en el tribunal tercero de sentencia de Guatemala, donde el ex mandatario deberá decidir si también se allana y pueda ser juzgado por operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, en los cuales será juzgado en el ámbito federal.
En la audiencia, encabezada por el magistrado Saúl Martínez, durante 30 minutos la fiscalía guatemalteca dio lectura a los cargos que se imputan al ex gobernador, que consisten en haber utilizado un helicóptero tras haber solicitado licencia al cargo y haber transferido ilegalmente 220 millones de pesos de las cuentas de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz (CAEV) a otra institución estatal.
Las acusaciones del fuero común refieren que con esa transferencia se incumplieron programas de agua potable, alcantarillado, saneamiento urbano, restructuración y rehabilitación del sistema de agua y saneamiento de zonas rurales, el plan de aguas residuales y el programa de eficiencia de otros organismos.
De acuerdo con la lectura de los documentos acusatorios, Moisés Medrano, jefe de la oficina de tesorería de la CAEV, señaló ‘‘en su declaración del 14 de marzo de 2017 que su conducta siempre fue apegada a las instrucciones que recibía por escrito de sus superiores, por lo que las transferencias por 220 millones de pesos se encuentran soportadas con escritos firmados, señalando que en los oficios se menciona que las instrucciones provenían del entonces gobernador Duarte’’, dijo la fiscal.
En tanto, Carlos Velázquez, abogado guatemalteco y defensor del ex mandatario, dijo que las acusaciones carecían del sustento ‘‘que verdaderamente genere una preocupación legal a mi patrocinado, y siendo que es de su interés resolver su situación jurídica en su país, es su deseo y voluntad allanarse al proceso de manera inmediata’’.
Al hacer uso de la palabra, Duarte consideró estas acusaciones ‘‘infundadas, ligeras, vagas e imprecisas’’. Luego, señaló que el actual gobierno veracruzano gasta recursos del erario en procesos infundados y criticó que el fiscal general hubiera viajado a Guatemala para estar presente en la audiencia ‘‘por dos acusaciones que verdaderamente son irrisorias. Una por incumplimiento de un deber y tráfico de influencias, cuando ya no era servidor público, y usar un helicóptero; bueno, ni siquiera por usarlo, sino por un traslado de Xalapa a Coatzacoalcos. Es verdaderamente irrisorio’’.
Luego, criticó que el gobierno de Veracruz gaste de modo inútil ‘‘el tiempo de este tribunal y de todo el sistema penal guatemalteco, ya que se me acusa no por los miles de millones de pesos con que se han llenado la boca ante los medios de comunicación, sino de depositar 220 millones de una cuenta del gobierno del estado a otra cuenta del mismo gobierno. No hubo una extracción del dinero público, y aparte esa transferencia está fundada en oficios donde no participé, no firmé; el gobernador no tiene esa competencia, para eso existen los secretarios de cada dependencia’’.
El ex mandatario reiteró que por considerar ‘‘irrisorias’’ las acusaciones formuladas por el gobierno veracruzano, y porque ‘‘son una falta de respeto a las autoridades aquí presentes, he determinado allanarme para enfrentar lo más pronto posible la justicia ante las autoridades judiciales de mi país. Es decir, en términos más coloquiales acepto la extradición que el gobierno de la administración actual, gobierno fallido por cierto, está haciéndome en torno a este caso’’.
El presidente del tribunal tercero le preguntó si renunciaba a plantear cualquier medio de defensa, a lo que Duarte contestó que sí. La fiscalía guatemalteca solicitó que sin más trámite se aprobara el allanamiento, pero solicitó esperar a que el tribunal quinto decida si procede la extradición por lo que hace a los delitos federales.
En cuanto concluyó la diligencia, la defensa de Javier Duarte difundió un comunicado de prensa en el cual se pregunta: ‘‘¿Por qué no se incluyó la mentira de que, siendo gobernador, Duarte privó de medicamentos a niños? La razón es obvia: se quiso manipular a la opinión pública y hoy no se tuvieron los pantalones para sostener semejante sandez ante los tribunales’’.
Se agrega que las acusaciones por parte de la Fiscalía General de Justicia de Veracruz ‘‘caerán como castillo de naipes. No hay tiempo que perder, vamos a México a enfrentarlas.
‘‘La política no puede ni debe ser factor en el ámbito judicial (…) Acusar es fácil, ahora llegó el momento de probar sus falaces imputaciones.’’
Javier Duarte abandonó las instalaciones judiciales sonriente y amable con sus custodios, a quienes solicitó incluso ‘‘no ir tan rápido para no caer’’, como le ocurrió en abril pasado cuando compareció por primera vez ante un tribunal guatemalteco.
