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Afp y Xinhua
El juez del Tribunal Supremo Federal (TSF) José Antonio Dias Toffoli anuló ayer todas las pruebas provenientes de confesiones de ejecutivos del gigante Odebrecht, implicado en el escándalo de corrupción Lava Jato, obtenidas contra Luiz Inácio Lula da Silva, y catalogó el encarcelamiento del ahora mandatario entre abril de 2018 y noviembre de 2019 de “error histórico”.
En su decisión, a la que Afp tuvo acceso, el juez Dias Toffoli consideró que las pruebas obtenidas en el contexto de un acuerdo de colaboración firmado en 2017 por Odebrecht son “inutilizables” por “cualquier jurisdicción”.
El acuerdo preveía igualmente el pago de una multa de 2 mil 600 millones de dólares a Estados Unidos, Suiza y Brasil.
En su decisión, que llega en respuesta a una solicitud de la defensa del mandatario, el magistrado Dias Toffoli calificó el encarcelamiento de Lula de “montaje”.
“Dada la gravedad de las terribles situaciones expuestas en este proceso, sumadas a las muchas otras decisiones emitidas por el TSF y también hechas públicas y notorias, sería posible concluir simplemente que el encarcelamiento del demandante, Luiz Inácio Lula da Silva, podría incluso calificarse de uno de los mayores errores judiciales de la historia del país”, señaló en su dictamen.
De hecho, continuó, “fue peor”, pues se trató de “un montaje fruto del proyecto de poder de determinados agentes públicos en su objetivo de conquistar el Estado por medios aparentemente legales, pero con métodos y acciones contrarias a la ley”.
Lula permaneció preso 580 días, de abril de 2018 a noviembre de 2019, en la Superintendencia de la Policía Federal de Curitiba, luego de ser condenado por corrupción y lavado de dinero por el entonces juez Sergio Moro, actual senador por el estado de Paraná.
El proceso se basaba en gran medida en supuestas pruebas ofrecidas por Odebrecht, que no fueron corroboradas, y la condena contra el actual presidente fue anulado por la el TSF en junio de 2021, por considerar que Moro, que lideraba Lava Jato, actuó con parcialidad.
Según Dias Toffoli, la mencionada operación “fue el verdadero huevo de la serpiente de los ataques a la democracia y a las instituciones que ya se presagiaban en las acciones y voces de estos agentes contra las instituciones y el propio TSF”.
“Este huevo fue incubado por autoridades que abusaron de sus funciones, actuando en connivencia para atacar instituciones, autoridades, empresas y objetivos específicos”, enfatizó en el dictamen.
Dias Toffoli afirmó que “se firmaron cientos de acuerdos de clemencia y pactos de culpabilidad como medio ilegítimo para meter en la cárcel a personas inocentes.
“Estos acuerdos se desmoronan día tras día. Tal connivencia y parcialidad demuestran, a nuestro leal saber y entender, que hubo una verdadera conspiración con el objetivo de colocar a un hombre inocente como autor de delitos que nunca había cometido”, acusó.
Iniciada en 2013, la operación Lava Jato llevó a prisión a decenas de empresarios, sobre todo del sector de construcción civil y proveedores de la estatal Petrobras, y a numerosos políticos, y se convirtió en uno de los mayores escándalos de corrupción del país.
Odebrecht fue acusada por la fiscalía de participar junto con otras empresas, políticos e intermediarios, en una red de sobornos y contratos amañados con la estatal Petrobras.
Las acusaciones contra la empresa trascendieron Brasil, con causas judiciales abiertas en otros países latinoamericanos y africanos, y decenas de políticos prominentes salpicados por acusaciones de corrupción, incluidos varios ex presidentes.
El magistrado integra el máximo tribunal desde 2009, cuando fue nombrado por el presidente Lula da Silva en su segundo mandato.
El ministro de Justicia, Flávio Dino, publicó en un mensaje en la red social X (antes Twitter) que la decisión del magistrado “reafirma la inocencia del presidente Lula”.
La Abogacía General de la Unión, que defiende los intereses del gobierno, anunció ayer la creación de un grupo para investigar la actuación del ex juez Moro y los fiscales de Lava Jato.
El magistrado también ordenó, a petición de la defensa de Lula, que la Policía Federal divulgue en un plazo de 10 días los mensajes obtenidos en la operación Spoofing (suplantación de identidad), que investigó los ataques de piratas informáticos a los teléfonos móviles del ex juez Moro y de los ex fiscales de Lava Jato.
Pide, además, que todos los archivos relativos a la operación sean compartidos de manera íntegra con todos los “investigados y procesados por las pruebas contaminadas”.
El juez determinó también que el 13 Juzgado Federal de Curitiba y el Ministerio Público Federal de Paraná, donde Lava Jato estaba centralizada, compartan con la defensa del presidente todo el contenido obtenido en el acuerdo de delación premiada de Odebrecht.
