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Afp
Cientos de miles de afganos que viven en Pakistán se enfrentan este miércoles a posibles detenciones y deportaciones al expirar el plazo del gobierno para que los indocumentados abandonen el territorio, una medida que provocó un éxodo.
El gobierno pakistaní dio de plazo hasta el 1º de noviembre para que los 1,7 millones de afganos que afirma que viven de forma irregular en el país se marchasen voluntariamente, so pena de expulsión.
Miles de personas formaron una fila de unos siete kilómetros en el paso fronterizo con Afganistán más transitado el miércoles.
Las autoridades en la provincia de Khyber-Pakhtunkhwa, donde viven la mayoría de migrantes afganos, lanzarán una gran operación para arrestar a familias indocumentadas que se nieguen a marcharse, indicó a la AFP Feroz Jamal, portavoz del gobierno provincial.
Según los medios de comunicación estatales, cuarenta y nueve centros de retención debían abrir el miércoles para procesar y deportar a afganos.
Una adolescente afgana de 14 años, que la AFP no identificó por motivos de seguridad, afirmó que se quedará en Pakistán el máximo tiempo posible pese a no tener papeles.
“No vamos a volver a casa, porque mi educación en Afganistán se detendría por completo”, declaró en Peshawar. “Nuestro padre nos dijo que aunque las autoridades pakistaníes lo detengan no debemos partir”.
Millones de afganos se desplazaron a Pakistán en las últimas décadas, huyendo de conflictos violentos. Unos 600 mil llegaron desde la toma de poder del gobierno talibán en agosto de 2021.
Pakistán indicó que las deportaciones, que cuentan con gran apoyo entre los nacionales según los observadores, son para proteger su “bienestar y seguridad” tras un fuerte aumento de los atentados, que el gobierno achaca a combatientes que operan desde Afganistán.
La oenegé Human Rights Watch indicó que los afganos que esperan ser asilados a otros países corren el riesgo de ser deportados al expirar sus visados para Pakistán.
‘Situación de emergencia’
Ante la magnitud del éxodo, las autoridades del lado afgano de la frontera se vieron desbordadas intentando procesar a los que regresaban.
Samiullah Samoon, que dirige el registro de inmigración en Torkham, afirmó que el paso se enfrenta a “una situación de emergencia”.
Benafsha, de 35 años y embarazada de cuatro meses con su séptimo hijo, espera ser procesada antes de trasladarse a su provincia de origen, Kunduz.
“En Kunduz no tenemos tierras, ni una casa o trabajo”, explicó la mujer, indocumentada en Pakistán pese a vivir allí casi toda su vida.
Más de 130 mil personas abandonaron Pakistán desde que se dio la orden a principios de octubre, según funcionarios fronterizos de Torkham y Chaman. El martes, 21 mil personas fueron procesadas en Torkham y otras 8 mil en Chaman.
‘Ya basta’
En la capital Islamabad, la policía ya comenzó a derribar cientos de viviendas de barro construidas ilegalmente en las que vivían afganos en situación de pobreza.
“Ya basta, díganos la ruta y prepararemos un vehículo para marcharnos hoy mismo. Esta humillación es demasiado”, declaró Baaz Muhammad, de 35 años, nacido en Pakistán de padres refugiados, mientras veía cómo destruían su casa.
Abogados y activistas afirmaron que la magnitud de la operación no tiene precedentes, y pidieron más tiempo para que los afganos puedan recoger sus cosas dignamente.
“El gobierno pakistaní está empleando amenazas, abusos y detenciones para coaccionar a los solicitantes de asilo afganos sin estatus legal a que regresen a Afganistán o se enfrenten a la deportación”, señaló Human Rights Watch el martes.
“La situación en Afganistán sigue siendo peligrosa para muchos de los que huyeron, y la deportación los expondrá a importantes riesgos de seguridad”, añadió.
