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Europa Press
Madrid. Una investigación de la Policía Militar brasileña concluyó que las fuerzas militares no tuvieron responsabilidad en el asalto golpista a la plaza de los Tres Poderes de Brasilia del 8 de enero de 2022 y en cambio apunta a “indicios de responsabilidad” de la Secretaría de Seguridad y Coordinación Presidencial.
Según esta investigación, si hubiese habido una planificación “adecuada” por parte del gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva se habría podido evitar la invasión y los daños causados en el Palacio de Planalto, sede de la Presidencia, según el documento, obtenido por el diario ‘Folha de Sao Paulo’.
El texto no menciona nombres, sino instituciones, pero en ese momento la Secretaría de Seguridad y Coordinación Presidencial estaba dirigida por el general Carlos Feitosa Rodrigues, cargo heredado de la Presidencia de Jair Bolsonaro. Lula mantuvo a Feitosa en el cargo, pero en abril del año pasado se solicitó su dimisión tras la divulgación de imágenes que cuestionaban su actuación durante el asalto golpista.
En el caso del Gabinete de Seguridad Institucional (GSI), también dependiente del gobierno, “resulta evidente” que “el planteamiento, acción y desempeño” de los militares “en lo relativo a las acciones vinculadas a la integridad física del Palacio del Planalto y sus inmediaciones” depende de la Secretaría.
De este organismo era la competencia de “activar” a la tropa de choque del ejército, así como “buscar informaciones indispensables para la planificación de acciones preventivas” junto a la Agencia Brasileña de Inteligencia y los órganos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, algo que, sostiene la pesquisa, no se hizo.
El 6 de enero el GSI informó de una situación de “normalidad” para el fin de semana a pesar de que el máximo responsable del organismo había recibido hasta once alertas por WhatsApp desde el 6 de enero hasta el inicio del asalto.
Ante esta falta de planificación, las fuerzas desplegadas no tenían medios para responder a los ataques. Por eso “no se encontraron indicios de delito militar o delito común por parte de las tropas”.
“Por otra parte, se concluyó que hay indicios de responsabilidad de la Secretaría de Seguridad y Coordinación Presidencial en cuanto a la invasión del Palacio del Planalto al haber falta de planificación y en la ejecución de las acciones”, según el texto.
