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Jessica Xantomila
Ciudad de México. En el informe de los Legionarios de Cristo sobre las víctimas de abuso sexual por parte del sacerdote católico Fernando Martínez, que se difundió el 22 de noviembre, no se establece un acto concreto de justicia y reparación para las personas afectadas, ni se señala quién asumirá la responsabilidad de exponer a los que encubrieron estos hechos suscitados en Cancún a principios de 1990, afirmó la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) a través de su Consejo Nacional de Protección de Menores.
La congregación inició una investigación en mayo de 2019 a través de la agencia internacional Praesidium Inc, luego de que la cantante y conductora Analú Salazar denunció en la página de Facebook Legioleaks que el sacerdote abusó de ella entre 1991 y 1992 cuando tenía ocho años y estaba en el Instituto Cumbres, en Cancún. En el informe se señala que el prelado abusó de por lo menos ocho menores.
En un comunicado, la CEM exhortó a la congregación a que solicite al papa Francisco la dimisión del estado clerical de Martínez, “manteniéndolo sujeto a la obediencia religiosa en una residencia en México”, ya que permanece en Italia, a fin de estar a disposición de las autoridades competentes.
También reconoció “la valentía y búsqueda de justicia por parte de las víctimas” del sacerdote así como “la labor de las asociaciones que las acompañan en esta búsqueda.
Destacó que en el ámbito canónico, “se ha realizado la investigación previa que antecede a un proceso penal canónico, estando a la espera de las determinaciones que tomará la Congregación para la Doctrina de la Fe”.
Sobre lo jurídico civil, expuso que “habida cuenta que la Congregación religiosa informó que ya fue presentada la denuncia de hechos ante la autoridad competente, hemos ofrecido a las víctimas el apoyo y la orientación para que procedan de la manera más apropiada y pedimos a las autoridades de procuración e impartición de justicia que investiguen y deslinden las responsabilidades correspondientes por acción y omisión”.
Añadió que se ha instado a las víctimas, no solo a presentar denuncias penales, sino también exigir la reparación del daño por las acciones u omisiones por parte de los directivos de la Congregación de los Legionarios de Cristo.
En el documento firmado por el secretario general de la CEM y coordinador del Consejo Nacional de Protección de Menores, la Iglesia católica expresó su compromiso de que en éste -y en todos los casos de abuso sexual de menores en el seno de esta institución – “se dé atención prioritaria a las víctimas, se denuncie penalmente a los agresores, se repare el daño causado, los responsables enfrenten los procesos legales ante las autoridades civiles y canónicas y éstas actúen de modo expedito y responsable”.
