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Por Claudia Herrera
Ciudad de México. Con el rechazo absoluto de ocho partidos políticos, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) determinó que éstos deberán devolver los recursos públicos remanentes de las campañas realizadas en 2015, 2016 y las subsecuentes.
En tanto, el consejero Benito Nacif, promotor de este cambio, quiso ir más allá al plantear que se prohíban las transferencias en especie de una campaña local a otra, porque no es posible que “los recursos de una entidad, de Oaxaca, por ejemplo, sean utilizados en campañas de Nuevo León”. Pero no prosperó.
Durante más de dos horas, los representantes partidistas, alegaron que el INE les está aplicando una norma de forma retroactiva, sobre todo porque fue resuelta por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en diciembre y apenas se está reglamentando.
Por la poca claridad de la sentencia del Tribunal Electoral, hecho reconocido por los propios consejeros, los partidos políticos advirtieron que recurrirán al Tribunal Electoral para que aclare si es retroactivo o no, porque lo primero es ilegal.
Morena fue el único que no impugnó esta norma y guardo silencio en la sesión, porque de hecho la impulsó al impugnar el tema ante el Tribunal Electoral.
El panista Francisco Gárate advirtió que “es una quimera que haya remanentes. Siempre lo que falta es dinero. Cuando hice campañas siempre me faltó y terminé con deudas”.
Alejandro Muñoz, representante del PRI, señaló estar de acuerdo con la reintegración de recursos no ejercidos, porque abona a la rendición de cuentas. Pero es controvertible esta aplicación retroactiva.
Ernesto Guerra, de Encuentro Social, expresó que el problema es que está norma llegó al Consejo General seis meses después de emitida por el Tribunal; lo correcto hubiese sido aprobarla en diciembre para que se aplicara en el año fiscalizado entonces.
La consejera Pamela San Martín defendió que también se devolvieran los recursos aportados por precandidatos y candidatos, pero no fructificó, ya que sólo fue apoyada por los consejeros Nacif y José Roberto Ruiz Saldaña.
Al final, los consejeros aprobaron por unanimidad el proyecto y tuvieron votos diferenciados con respecto a las propuestas de San Martín y Nacif.
