Emir Olivares Alonso
Ciudad de México. El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, envió un estudio al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), José Antonio Meade, a fin de que considere trabajar en un presupuesto público con perspectiva de derechos humanos para el ejercicio presupuestal de 2018.
El ombudsman nacional le solicita al funcionario del gobierno federal que la dignidad de la persona sea el eje del diseño, ejecución y revisión del presupuesto público para el ejercicio del próximo año. Anteproyecto que la SHCP tiene que enviar en unos días a la Cámara de Diputados.
El estudio enviado por González Pérez fue elaborado en colaboración con el Programa de Estudios del Desarrollo de la Universidad Nacional Autónoma de México y asienta que un presupuesto con perspectiva de derechos humanos “busca asegurar la satisfacción de los estándares mínimos de los derechos de la persona, atendiendo a su progresividad mediante la utilización estratégica del máximo de los recursos disponibles, con la debida consideración a los grupos de atención prioritaria”.
El titular de la CNDH consideró que en el marco de la reforma constitucional de 2011, el Estado adquirió una gran responsabilidad con respecto de los derechos humanos, al incorporar su observancia y protección en todos los aspectos del orden público, pues todas las autoridades en el ámbito de su competencia deben respetar, proteger, garantizar y promover tales garantías.
Por ello, aseveró, el diseño, programación, ejecución y revisión del gasto público se debe llevar a cabo con base en la transversalidad de los derechos, lo que incluye las eventuales adecuaciones y reducciones presupuestarias.
“Deben realizarse todos los esfuerzos necesarios para lograr un presupuesto público orientado a los derechos humanos y atender en particular a los grupos de atención prioritaria, como son, entre otros, las niñas, niños y adolescentes, las personas con discapacidad, las personas mayores, las personas y comunidades indígenas, así como aquellos que se encuentran en situación de pobreza”.
El estudio de la CNDH y la UNAM, que se puede consultar en la página del organismo de defensa de las garantías fundamentales, subraya que las entidades públicas deben asegurar la satisfacción de niveles básicos de todos los derechos; que se prevea la optimización de los recursos disponibles; se garantice la progresividad y el no retroceso, la no discriminación y la igualdad, entre otros principios de la asignación presupuestal con perspectiva de derechos humanos.
No conforme con hacerlo del conocimiento del secretario de Hacienda, el ombudsman nacional también enviará el estudio a los principales actores legislativos en materia de presupuesto, con la finalidad de que en el ejercicio de sus atribuciones, las aportaciones del documento puedan ser consideradas en la discusión y determinación del presupuesto de egresos para el ejercicio 2018.
La CNDH informó que el análisis ofrece un diagnóstico de la temática que permite contar con elementos para afrontar los retos que impone la realidad nacional y hacer propuestas que coadyuven a satisfacer los estándares básicos de derechos humanos desde el ámbito presupuestario, poniendo especial atención a los sectores poblacionales de atención prioritaria del país.
Destaca además que los ajustes económicos deben ser llevados a cabo sobre bases adecuadas para crear condiciones que impulsen el desarrollo económico, a la par del pleno goce de los derechos y el respeto de la dignidad de la persona.
También se hará llegar a otros actores del gobierno federal y de los gobiernos estatales.
