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Las protestas en Guatemala no ceden y por sexto día consecutivo miles de personas salieron a las calles en el país en demanda de la renuncia de la fiscal general y de un juez, a quienes señalan de intentar evitar que el presidente electo Bernardo Arévalo tome posesión en enero mediante distintas maniobras jurídicas.
Las protestas iniciaron el lunes con bloqueos en 14 puntos del país y el sábado había cerradas 72 carreteras en 18 de los 22 departamentos de Guatemala, según un reporte de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial).
El mismo sábado en la madrugada, la Corte de Constitucionalidad admitió un amparo provisional solicitado por ciudadanos contra el presidente Alejandro Giammattei, sus ministros y la fiscal general Consuelo Porras para que se garanticen los procedimientos democráticos y se concrete el cambio de poder, previsto para el 14 de enero.
La corte señaló en un comunicado que con la admisión del amparo, se requiere a las autoridades a “preservar el régimen democrático del Estado, especialmente la alternatividad en el ejercicio del poder”.
Porras es señalada por diversos críticos de autorizar a los fiscales Rafael Curruchiche, Cinthia Monterroso y Leonor Eufemia Morales Lazo que procedieran contra el proceso electoral, el presidente electo y su partido Movimiento Semilla, así como contra los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, en un intento de no reconocer los resultados de la pasada elección presidencial.
El gobierno ha pedido a Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), mediar para resolver la situación del país.
El martes, el Consejo Permanente de OEA sesionará para tratar la situación del país centroamericano, la cual ha dicho es de suma preocupación.
Arévalo ha responsabilizado a Porras por la situación del país y por intentar lo que ha calificado de “un golpe de Estado”.
Porras, Curruchiche, Monterroso y Orellana fueron sancionados por el gobierno estadounidense retirándoles la visa de entrada a aquel país, por obstruir la lucha anticorrupción, socavar la democracia en el país y emitir resoluciones judiciales con intenciones políticas.
