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Armando G. Tejeda
En el primer debate de calado de actual legislatura, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) presentó ante el Congreso de los Diputados la iniciativa de ley general de amnistía, con la que busca la anulación de todos los delitos y procesos judiciales abiertos en torno al movimiento independentista catalán desde el año 2012 hasta la fecha. Esta normativa forma parte del acuerdo de investidura que alcanzó el presidente del gobierno, el socialista Pedro Sánchez, con el conjunto de las formaciones nacionalistas catalanes y que también apoyan sin fisuras las fuerzas soberanistas vascas y los otros partidos de izquierda del arco parlamentario, como Sumar y Podemos.
En el Parlamento español se volvió a poner de manifiesto la fractura política que existe en torno a la figura de la amnistía. Por un lado está el PSOE, que hasta antes de los comicios del pasado 23 de julio sostenía que una ley así sería inconstitucional, y el resto de los partidos nacionalistas vascos, catalanes y gallegos, además de Sumar y Podemos; y, por el otro, la derecha y la extrema derecha, representada por el Partido Popular (PP), Vox y Unión del Pueblo Navarro (UPN), que se oponen tajantemente a esta figura.
El responsable de defender la medida por parte del PSOE fue su vocero en el Congreso, Patxi López, ya que el presidente Sánchez no estuvo presente en el hemiciclo por un compromiso de su agenda internacional. López explicó que “todos los diputados socialistas están convencidos de que la amnistía es buena para la democracia”, al tiempo que señaló al PP de “sembrar miedo y alimentar el conflicto” por oponerse a la ley. El vocero socialista añadió que “lo que pretendemos es devolver a la política lo que nunca debió salir de ella y como paso para la concordia de Cataluña con el resto de España
El líder de la oposición y del PP, Alberto Núñez Feijóo, advirtió que la ley de amnistía “no es por el interés de los españoles sino por el de Pedro Sánchez. Es una regresión democrática, una humillación al pueblo español, va en contra de la separación de poderes y rompe la igualdad”.
El trámite de la futura ley apenas inicia su andadura, pero si se cumplen los plazos previstos es probable que durante el primer semestre del año próximo ya esté aprobada, lo que abrirá las puertas a la anulación de todos los procesos penales abiertos en torno al movimiento independentista catalán desde el año 2012 hasta la fecha, lo que significará el regreso triunfal del ex presidente catalán y líder de Junts per Catalunya (JxCat), Carles Puigdemont, quien reside en Bélgica desde el año 2017, cuando decidió asentarse en Waterloo para no ser juzgado por los tribunales españoles, en los que hasta la fecha tiene varias causas pendientes por malversación de caudales públicos, desobediencia y uno que todavía está en su fase de instrucción en la que le podrían acusar de delitos de terrorismo.
