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Senadores de EU piden iniciar queja contra México por maíz transgénico

En la imagen, maíz amarillo de un productor en el municipio de Nopaluca, Puebla. Foto José Carlo González /Archivo

La Redacción

Dos senadores republicanos representantes del estado de Iowa solicitaron a la Representante Comercial de Estados Unidos, Katherine Tai, iniciar un proceso de consultas contra México en el marco del T-MEC por la decisión del gobierno mexicano de prohibir importaciones de maíz transgénico hacia 2024.

La senadora Joni K. Ernst y el senador Charles E. Grassley afirman que la medida del presidente Andrés Manuel López Obrador contradice los acuerdos contenidos en el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC) y que afectará al estado de Iowa, productor líder en la producción de maíz y exportador de 16 millones de toneladas de ese grano a México.

El presidente López obrador firmó un decreto a finales de 2020 para prohibir el ingreso de maíz transgénico, al argumentar el daño que causa a la biodiversidad mexicana, en la cual coexisten hasta 62 variedades de maíz nativo.

Actualmente sólo se permiten las importaciones de maíz amarillo genéticamente modificado con fines de alimentar al ganado. Sin embargo, la meta es que para el año 2024 se llegue a la prohibición total de cualquier tipo de maíz transgénico. Esta prohibición fue respaldada por más de 300 organizaciones campesinas, indígenas y ambientalistas agrupados en la campaña nacional Sin maíz no hay país.

Sin embargo, la medida no ha sido bien recibida entre los productores de Estados Unidos, pues afirman que afectará gravemente la economía de ese país.

Los legisladores señalaron en la carta enviada a Tai con fecha del 14 de noviembre que de acuerdo con un estudio de Perspectivas Mundiales, en un periodo de diez años la medida implementada por el gobierno mexicano causará pérdidas a la producción por 73 mil 890 millones de dólares y una contracción de 30 mil 550 millones de dólares al producto interno bruto (PIB) de Estados Unidos.

En su misiva, los senadores sostienen que el decreto del presidente López Obrador no sólo es golpe para los agricultores estadunidenses, sino que también es imposible de implementar, ya que “el 92 por ciento del cultivo de maíz en Estados Unidos es genéticamente modificado”.

Incluso, señalan que en caso que se pudieran obtener semillas no modificadas genéticamente, los productores de Iowa y de todo Estados Unidos ya están solicitando bolsas de semillas para la siembra de la primavera de 2023. La semilla comprada este otoño todavía estará en los canales de grano hasta 2025. “La mayor parte de ese maíz es, y seguirá siendo, maíz biotecnológico que nos permite conservar el suelo y reducir los insumos”.

Advierten que de acuerdo con el estudio de Perspectivas Mundiales, en el año inicial de la prohibición de México, los productores de maíz y los socios de la industria estadunidense sufrirían pérdidas por 3 mil 560 millones de dólares y de 5 mil 560 millones en el segundo año. Esta recesión económica también conduciría a la cancelación de 32 mil empleos en Estados Unidos.

Agregaron que las medidas tomadas por el gobierno mexicano también tendrán un impacto negativo para que los agricultores estadunidenses puedan acceder a la innovación actual y futura, que promueve una mayor productividad y sostenibilidad agrícola. “Dado el impacto que la inversión rusa de Ucrania sigue teniendo en los suministros mundiales de granos, es fundamental eliminar las barreras arbitrarias a la tecnología de semillas que respalda la resiliencia a lo largo de la cadena de valor agrícola”, afirmaron.

“Ha llegado el momento de que la Oficina de la Representación Comercial de Estados Unidos (USRT por sus siglas en inglés) intervenga en este tema. Le pedimos respetuosamente que solicite formalmente consultas sobre solución de controversias en virtud del artículo 31.4 del T-MEC”, agregaron y pidieron que si al final del periodo de consulta, México no ha confirmado que levantará su prohibición, la USTR deberá proceder a solicitar el establecimiento de un panel de solución de controversias”.