En Veracruz se usó medicamento falso para tratamiento de cáncer

La Secretaría de Salud del estado de Veracruz adquirió medicamentos falsos del producto Avastin, destinado al tratamiento de pacientes con cáncer, los cuales se compraron a las empresas Especialidades Médicas del Sureste SA de CV y Oncopharma SA de CV, concluyeron los resultados de la investigación realizada por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), luego de las denuncias públicas presentadas por el gobernador de la entidad, Miguel Ángel Yunes, sobre la posible aplicación de quimioterapias con medicamentos apócrifos.

Se informó que representantes de la Secretaría de Salud federal y la Cofepris presentaron una denuncia de hechos ante el Ministerio Público de la Federación para determinar las responsabilidades penales, así como por la existencia de 23 toneladas de medicamentos caducos en almacenes de la dependencia estatal de Salud, y de más de 46 mil pruebas rápidas para detección de VIH sin registro sanitario.

Al dar a conocer los resultados, la Secretaría de Salud federal y Cofepris detallaron que se detectaron 21 ampolletas que no fueron aplicadas a pacientes y adquiridas por el gobierno de Veracruz a Especialidades Médicas del Sureste (una ampolleta en 2010) y Oncopharma (20 unidades en 2011), de las cuales cinco fueron dictaminadas por Laboratorios Roche, que concluyó que no corresponden a un producto original de Roche y no contienen principio activo.

Las autoridades sanitarias federales y estatales, se informó en un comunicado, realizaron de forma conjunta el análisis de 2 mil 55 expedientes de personas atendidas en el Centro Estatal de Cancerología de Veracruz en el periodo 2010-2016, de las cuales se concluyó que al menos 119 adultos fueron tratados con Avastin.

Fuentes de la dependencia explicaron que se trata de pacientes que recibieron dicho fármaco, pero que sí contaba con la sustancia activa. No obstante, en los datos dados a conocer por la dependencia federal no se indica cuántas ampolletas fueron adquiridas en total en el periodo analizado (2010-2016), y si es posible que otros pacientes hayan recibido medicamentos falsos.

Entre los hallazgos reportados por Laboratorios Roche se destaca que la caja individual del medicamento no corresponde a las dimensiones y áreas sin barniz ni al tipo de material, además de que no coinciden otros elementos como tintas y tipografía, pues informó que estas empresas no son sus distribuidores autorizados.

La dependencia federal aclaró que Especialidades Médicas del Sureste y Oncopharma no fueron localizadas en los domicilios sociales que habían sido identificados en las documentos aportados por las autoridades sanitarias estatales, y se aportó información de cuatro empresas adicionales como suministradoras del medicamento:

Labssa SA de CV (no localizada en el domicilio reportado), Suministros Maxbec SA de CV (localizada y en funciones actualmente), Bedus SA de CV (con dos domicilios reportados, uno de ellos en el que ya no se encuentra la empresa, y en otro se encuentra la empresa Dr. Depot, con inicio de actividades en 2013) y Grupo Empresarial Heberen SA de CV (cuyo domicilio se encuentra en investigación).

El análisis también arrojó resutados sobre la existencia de medicamentos caducos en los almacenes de la dependencia estatal de Salud y de pruebas rápidas para detección de VIH que no tienen registro sanitario.

En el primer caso, informó que incautaron hasta el momento 23 toneladas de medicamentos caducos en diferentes almacenes y establecimientos de la Secretaría de Salud de Veracruz, así como el decomiso de 46 mil 984 pruebas rápidas para VIH, por carecer de registro sanitario, de un total de 70 mil adquiridas en 2012 a Comercio y Servicios Administrativos Integrales del Golfo SA de CV, por nueve millones de pesos, la cual fue investigada por la Cofepris, pero no pudo localizarse en el domicilio social registrado.

Se destaca que las irregularidades identificadas hasta el momento se dieron a conocer a la Contraloría General del Estado de Veracruz, que fincará responsabilidades administrativas correspondientes a los servidores públicos que participaron en estos hechos.