Aldo Anfossi, corresponsal
Santiago. El presidente ultraderechista de Chile, José Antonio Kast, envió a trámite legislativo una reforma constitucional que impide el ejercicio de cargos públicos y restringe derechos sociales -por ejemplo, acceso a salud, pensión o educación pública-, a personas condenadas por delitos cometidos como integrantes de organizaciones de crimen organizado o terroristas.
El proyecto, con carácter de “suma urgencia” -esto es, 15 días para ser despachado en comisión-, también crea un estado de excepción constitucional “antidelincuencia” que podría decretar el Presidente de la República, sin necesidad de refrendo legislativo.
Según la iniciativa, el mandatario podrá disponerlo ante una amenaza grave e inminente a la seguridad pública o cuando ésta haya sido gravemente afectada y extenderlo por hasta 120 días, con la facultad de prorrogarla una vez por igual período.
Solo una posterior ampliación requeriría aprobación del Congreso.
Mientras esté rigiendo, el gobernante podrá suspender o restringir la libertad personal y de desplazamiento y los derechos de reunión y asociación, además de interceptar, abrir o registrar documentos y comunicaciones y disponer requisiciones de bienes.
El plan del ultraderechista contempla que para definir prohibiciones y restricciones de derechos a condenadas por delitos de crimen organizado o terrorismo, éstas se acotarán mediante una ley de quórum calificado, o sea, la mitad más uno de la totalidad de senadores y diputados en ejercicio.
Si llega a aprobarse, los condenados por tales delitos quedarán impedidos a perpetuidad para desempeñar cargos públicos y no podrán acceder durante 15 años a penas sustitutivas de privación de libertad ni a beneficios penitenciarios, prohibiendo acceder a prestaciones sociales financiadas con recursos públicos.
También se busca constitucionalizar la creación de registros de organizaciones criminales, facultando al Presidente de la República para calificar que tal o cual agrupación es terrorista o del crimen organizado, requiriéndose un informe favorable del Ministerio Público o del Consejo de Seguridad Nacional, declaratoria que debería pasar por el Senado, en sesión secreta, aprobándose por dos tercios del quorum.
Las intenciones de Kast incluso causan controversia en sectores políticos que son afines a su gobierno, particularmente lo de fijar inhabilidades relacionadas con garantías constitucionales como salud y educación, y también se acusó que el gobierno trabajó “muy poco” la iniciativa con los partidos oficialistas antes de presentarla.
Desde la centro izquierda, lo de Kast es visto como un franco intento de “limitación de libertades que no se había visto”, en palabras del expresidente Gabril Boric.
