Renata Terrazas*
En los siguientes meses, en la Ciudad de México, se discutirán los perfiles que integren las instituciones de combate a la corrupción, la comisión de derechos humanos local y el organismo garante de la transparencia de la ciudad.
Estos procesos son monitoreados por organizaciones civiles y ciudadanas y ciudadanos comprometidos, que buscan incidir en la toma de decisiones para tener procesos de designación transparentes y eficaces, con el principal propósito de lograr que lleguen los mejores perfiles.
El camino no es el mismo para cada una de estas instituciones, sin embargo comparten la dificultad de abrir el espacio en el cual los tomadores de decisión, en este caso, la Asamblea Legislativa del DF, designará a las y los titulares de las instituciones.
Tradicionalmente, incidir en los procesos de designación resulta de tremenda complicación para la ciudadanía dado que es el momento en el cual los diferentes grupos parlamentarios negocian quién se queda con qué institución; tanto para controlar su funcionamiento como para colocar a las centenas de personas que los apoyan en las campañas electorales.
En los siguientes meses seremos testigos de los esfuerzos de grupos ciudadanos para evitar la captura de estas instituciones y con ello darle vida al sistema local anticorrupción, el cual está en riesgo de morir a manos de intereses partidistas, y revitalizar la CDHDF, la cual, en voz de organizaciones expertas de derechos humanos, ha decaído en su última administración, desprotegiendo a las víctimas de violaciones de derechos humanos.
Para las organizaciones civiles, el organismo garante de la transparencia local, el InfoDF, no ha sido un extraño en sus estrategias de incidencia y construcción de propuestas para tener mejores y más transparentes proceso de designación. La última batalla librada en este sentido se dio en 2014, fecha de la última designación de este órgano.
Es importante señalar que estos procesos no suceden en el vacío, el contexto en el cual se insertan es el del cambio de administración en 2018, pero, sobre todo, en un contexto de creciente inseguridad y actos gubernamentales violatorios de derechos humanos como se ha caracterizado en las protestas públicas y el pésimo tratamiento a las víctimas de actos delictivos.
Las próximas elecciones ponen a los grupos parlamentarios en modo electoral, desde donde buscan tener las mejores posibilidad de ganar, sin necesariamente consensuar con la sociedad civil; la creciente inseguridad y retroceso en materia de derechos humanos, ponen a la ciudadanía en modo lucha, por aquellas instituciones que deben velar por la garantía de sus derechos.
De igual forma, la percepción de la corrupción crece, sobre todo en cuanto a permisos de construcción para inmobiliarias que hacen y deshacen a su antojo, o de constructoras que arrasan con los pocos árboles que nos quedan para construir inservibles pasos a desnivel o deprimidos.
Vivimos en una ciudad enorme con problemas de igual tamaño, ya sean de agua, ambientales, de drenaje, colapso de transporte público, creciente inseguridad, abusos de poder, desigualdad y corrupción.
Una ciudad que hace tan sólo 20 años nos daba la esperanza de construir de manera conjunta con el primer jefe de gobierno electo por los chilangos, que hace menos de 10 años lograba construir un tremendo esfuerzo en materia de derechos humanos con el programa de derechos humanos y que ha visto victorias tales como la legalización del aborto, el matrimonio entre personas del mismo sexo, entre tantas otras batallas por la garantía de los derechos y la inclusión de las personas desde la diversidad.
Esta ciudad que en su momento incluso parecía una burbuja ante los múltiples actos del crimen organizado hoy se ve en el epicentro de las acciones de los gobiernos para evitar construir un sistema local anticorrupción sólido e instituciones garantes de derechos fuertes.
Hace tan sólo unos meses que la clase política en la CDMX, sin importar el color de su partido, paró en seco las ambiciones democráticas y participativas de una ciudadanía que clamaba su lugar en las instituciones –como lo fue en la demanda de alcaldías abiertas. Y hoy, esta misma clase política, parece no permitir la participación de la sociedad para el fortalecimiento de las instituciones reguladoras del poder.
No hay forma de anular la corrupción ni la impunidad si los procesos de designación de estas instituciones se realizan desde la lógica partidista, es imperativo abrirlas, transparentarlas e incluir la participación ciudadana.
Qué vergonzoso sería que esta supuesta ciudad cosmopolita dé muestras del mayor parroquialismo al eliminar de un plumazo a su participativa ciudadanía.
* Investigadora de Fundar, Centro de Análisis e Investigación
