Renata Terrazas*
Hoy comienza el último año de las actuales legislaturas y los partidos políticos ya han definido sus agendas. Entre las leyes de mayor interés para la sociedad civil se encuentran la Ley General sobre Desapariciones, la Ley de Seguridad Interior, la Ley General de Archivos, sobre la eliminación del fuero a funcionarios y la de reducción del dinero para los partidos políticos.
Al mismo tiempo, se esperan varios procesos de designación y ratificación que, seguramente, tensarán la liga entre los partidos políticos, los cuales ya se encuentran en código electoral. Entre los más notorios se encuentran: el fiscal general, el fiscal especial anticorrupción, el gobernador del Banco de México, los magistrados anticorrupción, el auditor superior y el presidente del Ifetel.
Son varios los temas que están sobre la mesa y también varios los posibles puntos de quiebre. Entre las leyes mencionadas y los procesos de designación se juega tanto la independencia de organismos autónomos, como las bases para la lucha contra la impunidad y la corrupción.
El último año de las legislaturas es muy importante y todos los partidos lo tienen muy claro. Se disputan con ahínco las posiciones de poder y con ellas la posibilidad de dictar la agenda que les sea de mayor beneficio a sus partidos de cara a los comicios de 2018, y en caso de perder, que les permita cubrirse de la mejor forma posible.
La mayoría de los legisladores se encuentran, también, buscando posiciones de poder dentro de sus propios partidos; se les acaba el cargo en un año por lo que querrán estar en el mejor lugar posible para negociar futuros encargos.
Bajo esta triste dinámica es que temas de gran envergadura serán negociados. El primero en línea está el de la designación del fiscal general. Actualmente, se prevé el pase automático de Raúl Cervantes, titular de la Procuraduría General de la República. Sin embargo, a finales del año pasado, el propio presidente de la República envió una iniciativa al Congreso para ponerle fin al pase automático y contemplar un proceso de designación real. La iniciativa no se ha discutido, por lo que el mensaje del partido en el poder quedó muy claro.
Para la sociedad civil, el pase automático es riesgoso ya que limitaría, de facto, la autonomía de la fiscalía general. Significaría pasar la vieja estructura a un molde nuevo, con resultado previsible de que sea el molde el que adopte la forma de la vieja estructura… ¡ojalá fuéramos las personas como el agua!
Poner a Raúl Cervantes al frente de la fiscalía general es el equivalente al intento de Javier Duarte de imponer un fiscal general en Veracruz que le sirviera de tapadera. Es igual a lo que acaba de suceder en Coahuila con la “designación” del fiscal general de Coahuila, en donde se eligió a una persona muy cercana al actual gobernador.
Las y los mexicanos queremos pensar que en algún punto nuestras instituciones funcionarán a favor de la población y no de las élites políticas. Por ello le seguimos apostando a su diseño, a los procesos de designación y su desempeño.
El pasado 29 de agosto, en un hecho inédito, organizaciones de derechos humanos, instituciones académicas y el sector empresarial se unieron ante una misma exigencia: construir una fiscalía general fuerte, que combata la impunidad y la corrupción.
Los colectivos de sociedad civil #FiscalíaQueSirva y #VamosPorMás que concentran a 300 organizaciones civiles e instituciones académicas y del sector empresarial, se unieron para presentar un proyecto ciudadano de reforma constitucional al 102 desde donde se garantiza un proceso de designación abierto y transparente y se evite la llegada del #FiscalCarnal.
La respuesta del PRI y de su aliado, el PVEM, fue contundente; consideran que Raúl Cervantes es el mejor candidato y no están dispuestos a negociar el pase automático.
Diversos senadores han señalado las credenciales de Raúl Cervantes como abogado, mencionando que está a la altura del cargo. Sin embargo, estar al frente de la fiscalía general requiere algo más que ser buen abogado y eso es independencia. Raúl Cervantes no la tiene, le va a temblar la mano ante casos de investigación relacionados con su jefe político o simple y llanamente los va a parar en seco.
La corrupción en la que estamos sumidos y la crisis de derechos humanos nos obliga a tomar posturas firmes contra los embates de una clase política que lleva años sin escuchar y que incluso espía y amenaza directamente a quienes los critican. La batalla inmediata son las leyes en el Congreso y los procesos de designación que harán la diferencia entre un México más justo o uno donde la impunidad siga permeando.
* Investigadora de Fundar, Centro de Análisis e Investigación
