Reuters y Afp
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, anunciaron este miércoles su apoyo a la Corte Penal Internacional (CPI), un día después de que Estados Unidos impusiera sanciones a la presidenta del tribunal y a un alto abogado litigante. Además, la ONU y Japón condenaron la decisión estadunidense.
Von der Leyen y Costa afirmaron en publicaciones en la red social X que respaldaban “firmemente a la CPI, a su presidenta, Tomoko Akane, y a los funcionarios que defienden su misión”.
Los jueces y funcionarios de la CPI deben poder trabajar de forma independiente y sin presiones externas, señalaron.
Las sanciones, “inaceptables”: ONU
El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, calificó las sanciones como “inaceptables” y llamó a los Estados a que defiendan las instituciones que crearon para “defender los derechos humanos y el Estado de derecho”.
El gobierno japonés, el mayor financiador de la CPI y estrecho aliado de Estados Unidos, condenó también la medida, que calificó de “muy desafortunada”.
Asimismo, el gobierno de Países Bajos dijo que “desaprueba” las sanciones, una condena a la que se sumó Alemania.
España también deploró el anuncio y destacó que la Corte “desempeña una función indispensable para garantizar la rendición de cuentas por los crímenes más graves contra la humanidad y para contribuir a la protección y reparación de las víctimas”.
La corte, con sede en La Haya, procesa a acusados de las atrocidades más graves como genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, y actúa como último recurso cuando los países no cuentan con sistemas jurídicos que garanticen la rendición de cuentas.
Las sanciones fueron anunciadas el martes por Estados Unidos, que estima que la CPI es una institución “politizada”, y afectan también al magistrado senegalés Abdoulaye Seye, quien en la actualidad sustituye al fiscal de la alta corte.
La medida implica que estos jueces no pueden viajar a Estados Unidos ni realizar transacciones en el sistema financiero estadunidense, que tiene un alcance global.
Para el secretario de Estado estadunidense, Marco Rubio, los magistrados sancionados “se han involucrado directamente en los intentos de la CPI para investigar, arrestar, detener o perseguir a funcionarios cuyos gobiernos no reconocen la jurisdicción” de ese tribunal.
Estados Unidos no ratificó el Estatuto de Roma, que creó la CPI en 2002.
