Jorge Torres
La presidenta y fundadora de Fe y Esperanza para víctimas del delito Christian, AC, Rosario Torres Mata, hizo un exhorto a las autoridades del Supremo Tribunal de Justicia de San Luis Potosí, así como a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), para que se conduzcan con imparcialidad en el ejercicio de sus funciones, pues como asociación están vigilantes del derecho que les confiere la Ley General de Víctimas, esto “ante muchos casos en donde los delincuentes tienen más beneficios que las víctimas del delito”. Además, manifestó que se suman a la indignación y repudió que causó la liberación del secuestrador de las jóvenes Laguna en la Ciudad de México.
El caso de las hermanas Laguna fue un secuestro en donde las sometieron a vejaciones, les cortaron dedos de las manos, además de la violencia física y sicológica que sufrieron durante los 28 días que estuvieron en cautiverio, y aunque se dio la detención de uno de los secuestradores, gracias a que se violentó el debido proceso está persona salió libre.
La activista hizo énfasis en que “estamos aquí para levantar la voz y manifestar nuestra indignación a las decisiones de los impartidores de justicia que en el afán de cuidar los derechos de los delincuentes nos dejan en estado de indefensión a las víctimas del delito, tal es el caso de las hermanas Laguna, en donde liberan al secuestrador sentenciado por inconsistencias en el proceso. Desde este lugar exhortamos a las autoridades para que se conduzcan de manera correcta”.
Además, destacó que San Luis Potosí no esta exentó de estos casos, pues también las víctimas han sido revictimizadas, como el caso de la señora Severiana, en donde el juez Ernesto Rivera no le concedió la calidad de víctima siendo afectada directa del delito; otro caso es el de Francisca y su hija con discapacidad, quien fue víctima de violación y fue revictimizada por las autoridades, en esta ocación por la subprocuradora de Delitos Sexuales, así como de la juez Rosario Ramírez, quien dejó libre al violador sin tomar en cuenta que la afectada tiene una discapacidad:
“Este es el tipo de personas que imparten justicia ¿Hasta cuándo vamos a tolerar eso?”, cuestionó Torres Mata, quien para concluir reiteró que se mantendrán vigilantes del accionar de las autoridades en estos casos, y sobre todo pidió a la PGJE que cumpla con su función de dignos representantes de las víctimas, como marca la ley.
