Gustavo Castillo García
La Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción (FEMCC) de la Fiscalía General de la República (FGR), obtuvo una nueva vinculación a proceso en contra de colaboradores del ex gobernador michoacano, Silvano Aureoles Conejo, el ex secretario de Finanzas, Carlos Maldonado Mendoza, actualmente preso, y de Israel Patrón Reyes, ex secretario de Seguridad, por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, al haber pagado ilícitamente más de 138 millones de pesos a dos empresas gasolineras y una compañía de seguros.
De acuerdo con la orden de aprehensión, la jueza federal, Yaksi Kinari Alquicira, adscrita al Centro de Justicia Penal Federal, con sede en Morelia, Michoacán, la fiscalía que encabeza María de la Luz Mijangos Borja, consideró que en este caso se les podría imponer una sanción de hasta 12 años de prisión, por haber realizado el pago indebido de más de 138 millones de pesos de recursos federales a las empresas gasolineras Grupo Octano y Centro Carretero San Jorge, y a la compañía Seguros El Potosí.
La solicitud de orden de aprehensión fue solicitada el pasado 31de enero, en ella se señala que los recursos de los cuales se realizaron los pagos de manera indebida provinieron del Ramo 28, denominado “participaciones a Entidades Federativas y Municipios y/o Partida Estatal”.
Los recursos fueron desviados a partir del 17 de enero y hasta el 25 de noviembre de 2020, durante el mandato de Silvano Aureoles Conejo, quien gobernó Michoacán del 1° de octubre de 2015 al 30 de septiembre de 2021.
Los tres ex funcionarios enfrentan otro proceso penal por el desvío de más de tres mil millones de pesos de recursos federales que estaban destinados a la construcción de cuarteles de la policía esa entidad.
Actualmente Carlos Maldonado Mendoza se encuentra preso en la Ciudad de México, mientras que Israel Patrón Reyes es considerado prófugo de la justicia, y ya la FGR ha solicitado su detención con fines de extradición al gobierno de Estados Unidos, donde presuntamente ya ha sido ubicado.
El desvío de más de 138 millones de pesos se realizó a través de 87 solicitudes de pago, y según las constancias judiciales, se pagaron a Grupo Octano 100 millones 236 mil 619 pesos; al Centro Carretero San Jorge, 30 millones 2 mil 15 de pesos; y a Seguros El Potosí, 8 millones 357 mil pesos 15 pesos.
El inicio de la carpeta de investigación que dio origen a este nuevo proceso penal se integró por una denuncia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en la que se señala que no existen constancias de que los servicios se hubieran realizado, y en el caso de las empresas gasolineras la existencia de contratos que soportaran las transferencias financieras.
