Israel Dávila, corresponsal
Toluca, Mex. Una juez del distrito judicial de Chalco determinó vincular a proceso a los dos funcionarios de la Secretaría del Medio Ambiente detenidos la semana pasada, identificados por la Fiscalía General de Justicia de la entidad (FGJEM), de encabezar un entramado criminal dedicado a extorsionar a verificentros, que logró ganancias en efectivo de más de 430 millones de pesos.
Los funcionarios que enfrentarán un proceso penal por extorsión agravada y abuso de autoridad son Raúl Piña Horta, quien hace unos años fue secretario particular de Jorge Emilio González Martínez mejor conocido como El Niño Verde” y Carlos Eduardo Solares Vega, quienes ocupaban la Dirección General de Control de Emisiones Atmosféricas de la Secretaría del Medio Ambiente estatal y Dirección de Control de Emisiones a la Atmósfera, respectivamente.
De acuerdo con el expediente, se tiene acreditado que esta red de extorsión comenzó a operar a finales de 2023, meses después de que ambos llegaron al cargo.
La carpeta de investigación que judicializó la FGJEM revela que ambos personajes junto con otros servidores públicos en activo, que hoy se encuentran prófugos de la justicia, exigían a los propietarios de los verificentros ubicados en la entidad, una cuota mensual de 200 mil pesos para dejarlos operar, de lo contrario, eran suspendidos bajo el pretexto de incumplimiento de una norma ambiental.
También les fijaba cuotas por auto verificado y otra cuota por cada línea de verificación que tuvieran activa. En la entidad existen 163 verificentros, con 878 líneas de verificación en activo.
La fiscalía reveló que para mantener un control sobre los verificentros, estos funcionarios también limitaban la expedición de hologramas de verificación y no entregaban más engomados a estos establecimientos hasta que no pagaran su cuota correspondiente.
En el expediente también se señala que algunos verificentros trasladaban estas cuotas a los usuarios a través de negarles el holograma, pero les decían que regresaran otro día para pasar su auto con brinco, para lo cual habilitaban una línea de verificación, donde se desconectaba el Sistema Automatizado de Emisión y Control de Hologramas de Verificación Vehicular (SAECHVV).
“Si bien el SAECHVV cuenta con medidas de seguridad concebidas con el propósito de evitar prácticas irregulares y constituye una herramienta relevante para esos fines, la investigación estableció que, es el factor humano el que vulnera su óptimo funcionamiento ya que simplemente puede ser desactivado y vuelto a activar, con propósitos delictivos, desde el Centro de Control de la Secretaría del Medio Ambiente” señaló la fiscalía estatal.
También se tiene acreditado que los recursos producto de la extorsión habrían sido entregados en efectivo en diversos lugares de los que destacan oficinas privadas ubicadas en la colonia Bosques de Las Lomas, alcaldía Miguel Hidalgo, así como domicilios en la alcaldía Cuajimalpa, ambos en la Ciudad de México.
En estos sitios, mediante cita previa y/o “código QR” de acceso, terceros habrían realizado la entrega del dinero a un particular que se tiene plenamente identificado.
También se tiene conocimiento de que esta red criminal que operaba desde la Secretaría del Medio Ambiente obligó a algunos propietarios de verificentros a cederles un porcentaje de sus empresas, a través de dos razones sociales que están relacionadas con ellos y siempre habrían manifestado que contaban con la “protección de políticos”.
El Código Penal del estado vigente al momento de los hechos establece una penalidad de hasta 70 años de prisión para el delito de extorsión y hasta de nueve para el de abuso de autoridad.
