Renata Terrazas*
La constitución de las comunidades políticas se hizo con el principal propósito de vivir en la seguridad que proporciona un sistema de reglas compartidas que dan certeza a la convivencia humana. Ceder la libertad natural para vivir sin el miedo de ser atacado por otro individuo nos ha parecido siempre un justo intercambio.
Pero ¿qué sucede cuando las comunidades políticas derivan en sistemas de trato desigual en donde se favorece la impunidad para unos y se incrementa el castigo a los otros? El principio fundamental de la aplicación de la ley es que ésta se hace bajo la igualdad entre los seres humanos. Sin embargo, dentro del territorio mexicano esta premisa raramente se aplica.
El caso de los porkys en Veracruz ejemplifica a la perfección los privilegios que las élites económicas obtienen de un sistema judicial corrupto, sujeto a los deseos de una clase política y económica putrefactas. La ley no aplica para ellos como para el resto de la población, sus apellidos y la cercanía de sus padres al poder político permite que vivan en un mundo de impunidad en donde actúan bajo reglas no escritas diseñadas para su propio divertimento.
El clima de impunidad en el país permite que, como hace años comenzó a suceder en Ciudad Juárez, la violencia hacia la mujer se extienda. El acoso callejero normalizado, la construcción de la mujer como objeto de posesión masculina, las canciones y videos donde se justifica la sumisión de las mujeres a los deseos masculinos; aunado a un sistema de justicia sujeto a intereses políticos que prefieren no reconocer los feminicidios como tales, permiten la construcción de una comunidad política tolerante y permisiva de la violencia hacia las mujeres.
Padecemos un Estado mexicano ciego a los delitos contra las mujeres: se requiere de intensas campañas por parte de la sociedad civil para que los estados emitan alertas de género o para que recaben la información necesaria para dimensionar la violencia contra la mujer. Al día de hoy carecemos de datos fiables sobre el número de feminicidios debido a un sesgo mental disfrazado de dificultad metodológica entre autoridades renuentes a reconocer el feminicidio.
Padecemos una sociedad machista que no ve la violencia hacia las mujeres y culpa a la víctima por viajar sola o por su forma de vestir, es decir, la culpa por no aceptar calladamente su papel de presa. Y cuando la mujer habla y señala públicamente al agresor, se convierte en un peligro que debe ser contenido a toda costa bajo una lluvia de amenazas.
El objetivo inicial de un Estado –garantizar el bienestar de su sociedad–, en México no sólo no se cumple, sino que es sistemáticamente negado a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. El mayor reto que enfrentamos quienes padecemos un Estado mexicano construido para el beneficio de los pocos es transformar el clima de impunidad que hace permisible ser violento o ser corrupto.
En México se roba, se tortura, se mata, se viola, se desaparecen personas; impunemente. Lo impensable en una democracia hace que la comunidad internacional vea cada vez con mayor preocupación cómo la violencia crece, solapada por gobiernos corruptos que ven al Estado como la fuente de riqueza personal.
Ante las críticas de la comunidad internacional sobre la terrible situación de violaciones graves a derechos humanos, el gobierno mexicano ha respondido con silencio o ataques dirigidos a las personas detrás de las instituciones internacionales encargadas de velar por los derechos humanos.
Los pequeños tiranos en México no pueden ser cuestionados; no recibirán comisiones de organismos internacionales, no atenderán recomendaciones de expertos para llevar a cabo investigaciones sobre violaciones a derechos humanos, no tolerarán manifestaciones de una sociedad harta de los abusos y buscarán encarcelar y desacreditar a defensores de derechos humanos.
Es su interés mantener un ambiente de impunidad que les permita seguir gobernando para beneficio propio; es nuestro deber construir un Estado que garantice nuestros derechos y no permita que se desaparezcan estudiantes, violen mujeres, abatan inocentes, torturen prisioneros o se enriquezcan políticos a costa del erario.
* Investigadora de Fundar, Centro de Análisis e Investigación
