Brasilia. La votación en el Senado para decidir si la suspendida presidenta brasileña, Dilma Rousseff, es apartada definitivamente de su cargo se efectuará a fines de agosto, decidió este miércoles la Comisión de Impeachment de la cámara alta, al definir un nuevo cronograma de trabajo para enjuiciar a la gobernante.
A su vez, el plenario del Supremo Tribunal Federal (STF) admitió por unanimidad una denuncia contra el apartado presidente de la Cámara de Diputados Eduardo Cunha, aquitecto del proceso de impeachment (juicio político) contra Rousseff, relegida con más de 54 millones de votos en 2014.
El plenario del STF dio luz verde a acusaciones contra Cunha por los delitos de soborno, lavado de dinero, evasión fuscal, y falsificación con fines electorales formuladas por el procurador general, Rodrigo Janot, en marzo pasado.
La suspendida mandataria, acusada de maquillaje de las cuentas públicas y de creación de partidas presupuestarias sin autorización del Congreso, podrá prestar declaración y hacer personalmente su defensa ante la comisión el 6 de julio, de acuerdo con el cronograma aprobado este miércoles por la Comisión del Impeachment.
La votación sobre el dictamen del relator, senador Antonio Anastasia, relativa a la segunda fase del proceso -después de reunir los elementos que prueben o no la existencia de delito-, se realizará el 4 de agosto y en el pleno del Senado el 9 de agosto.
En caso de que el Senado apruebe el dictamen por mayoría simple, la decisión final que podrá destituir a Rousseff estará a cargo del presidente del STF, Ricardo Lewandowski, en un plazo de dos semanas.
A los juristas autores del pedido de impeachment se les pedirá entregar el libelo acusatorio y el resumen de todas las pruebas producidas en 48 horas, mismo plazo que se le otorgará a Rousseff para presentar su respuesta.
Las resoluciones judiciales serán enviadas al STF, que definirá la fecha final en un máximo de 10 días.
Con ese cronograma, la votación final en el pleno puede ocurrir en la semana del 22 al 26 de agosto, dentro de dos meses.
En caso de que dos tercios de los senadores (54 votos) consideren a Rousseff culpable, ella perderá el mandato y no podrá ejercer la función pública por un plazo de ocho años.
La presidenta fue separada de sus funciones hasta por 180 días el pasado 11 de mayo para ser sometida al juicio político, acusada de irregularidades administrativas y supuesta violación a la ley de responsabilidad fiscal.
