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San José. Costa Rica comenzó a votar hoy en unas elecciones presidenciales y legislativas marcadas por la corrupción y desafíos como el narcotráfico o el déficit fiscal, además de unos sondeos previos que apuntan a la posible necesidad de convocar una segunda vuelta.
Algo más de 3.3 millones de costarricenses eligen a un nuevo presidente de la República, dos vicepresidentes y 57 diputados a la Asamblea Legislativa. Las más de 6 mil 600 juntas receptoras de votos habilitadas en todo el país abrieron a partir de las 06:00 locales (12:00 GMT) y cerrarán 12 horas más tarde.
“Es necesario que la democracia se renueve, que se vista de un nuevo traje más brillante, más lucido, más fuerte, y que lo haga sin duda para elegir a un Gobierno mejor que el mío, a un presidente mejor que yo”, dijo al emitir su voto el actual presidente, Luis Guillermo Solís, cuyo mandato expira el 8 de mayo.
Los sondeos previos indican que el país podría ir a una segunda ronda el primero de abril (domingo de Resurrección), pues ninguno de los 13 aspirantes a la presidencia alcanzaría el mínimo del 40 por ciento requerido para ganar la primera magistratura en la jornada de este domingo.
La contienda electoral estuvo marcada por el ascenso, vertiginoso en el último mes, del predicador evangélico Fabricio Alvarado. Este ganó popularidad por su posición contraria a un dictamen de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ordenó a sus Estados miembros, entre ellos Costa Rica, garantizar los derechos del colectivo LGTBI (lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales), incluido el matrimonio.
Siendo Costa Rica un país bastante conservador, el dictamen del tribunal fue controvertido y la posición de Alvarado -un periodista y cantante de música cristiana- contraria a otorgar ese derecho, fue secundada por otros importantes candidatos, salvo el oficialismo. La polémica pareció favorecerle a Alvarado, considerado un fundamentalista religioso, pues en menos de un mes pasó de los últimos lugares a encabezar los sondeos.
Algo parecido sucedió con el abogado Juan Diego Castro, a quien sus adversarios califican como populista y hombre de mano dura. Con su verbo encendido, Castro no vaciló en calificar de “corruptos” a los principales partidos tradicionales, incluido el oficialista Acción Ciudadana, y prometió golpear sin clemencia a la delincuencia, llevar a la cárcel a los deshonestos en la función pública y arremeter contra medios de prensa que no comulgan con sus posiciones.
En vísperas de los comicios, Fabricio Alvarado, del Partido Integración Nacional, el empresario Antonio Álvarez Desanti, del socialdemócrata Liberación Nacional -principal fuerza de oposición y la que más ha gobernado el país en el último medio siglo-, y Carlos Alvarado, del oficialismo, lideraban en ese orden las principales encuestas, seguidos de Castro, y del socialcristiano Rodolfo Piza.
Pero Costa Rica tiene, en el marco de estos comicios, problemas que angustian a su población.
La penetración del narcotráfico ha provocado una verdadera guerra entre bandas locales, con una creciente ola de asesinatos en diversos puntos del territorio por pugnas entre estos grupos. Sólo el año pasado, los aparatos policiales se incautaron de unas 30 toneladas de cocaína.
Además del clima de inseguridad provocado por el aumento de la delincuencia, el país viene siendo golpeado desde hace más de una década por un elevado déficit fiscal, que en 2017 superó el 6.7 por ciento, uno de los más altos de América Latina. El Banco Central advirtió, en vísperas de las elecciones, que ese desfase podría llegar a 7.1 por ciento este año y a 7.9 por ciento en 2019 si el país sigue por el mismo rumbo.
Los principales partidos políticos han exigido al Gobierno del presidente Solís recortar, en forma drástica, el gasto público antes de aprobar un paquete fiscal.
El propio Solís reconoció hoy que el déficit fiscal es el principal problema de Costa Rica, una de las democracias más estables de América Latina, aunque señaló que el problema aqueja al país desde hace mucho tiempo. “Ahora pareciera que es una cosa nueva (el déficit fiscal) y se ha descubierto, pero nos afecta desde hace muchos años. Sigo insistiendo en ello: no hay un problema mayor que ese”, alertó.
Por otro lado, la corrupción golpeó la confianza del electorado en su clase política y gobernante. En los últimos años hubo grandes escándalos que sacudieron el país. El más cercano es el denominado Cementazo, que implica tráfico de influencias en el tramitación de un millonario crédito bancario a un importador de cemento chino que salpica a los tres poderes de la República.
En vísperas de los comicios, los sondeos indicaban que los indecisos y abstencionistas podrían considerarse la principal “fuerza” del ambiente político costarricense. En este contexto, la campaña política se caracterizó, especialmente en los primeros dos meses, por la frialdad de la ciudadanía.
Las elecciones están siendo monitoreadas por casi un centenar de observadores, entre ellos de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de la mayoría de los países de América Latina.
