Fernando Camacho y Enrique Méndez
Ciudad de México. Sin cambios con respecto a la minuta enviada por el Senado, en las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Reforma Político-Electoral de la Cámara de Diputados ya comenzó a circular el proyecto de dictamen del llamado plan B propuesto por la presidenta Claudia Sheinbaum.
En el proyecto solo se consideran las modificaciones a los artículos 115, 116 y 134 constitucionales, pues en el Senado no prosperó la propuesta de incluir en el artículo 35 la posibilidad de convocar a consulta de revocación de mandato en 2027.
De esta forma, en el proyecto de dictamen se prevé confirmar las modificaciones en el artículo 115, numeral primero, para establecer que en cada municipio habrá “una sindicatura y hasta quince regidurías, de conformidad con los principios de paridad de género vertical y horizontal, perspectiva de género e igualdad sustantiva”.
Asimismo, en el numeral segundo del artículo 116 se ordena que “el presupuesto anual de las legislaturas locales no exceda el 0.7 por ciento del presupuesto de egresos de la entidad federativa correspondiente” y “garantizar los principios de paridad, igualdad sustantiva y perspectiva de género, en la integración y funcionamiento de los órganos legislativos locales”.
Por lo que se refiere al artículo 134 de la Constitución, se establece que las remuneraciones de los consejeros y magistrados electorales, así como los titulares de secretarías de órganos administrativos y titulares de áreas ejecutivas y técnicas u homólogos del Instituto Nacional Electoral (INE), los organismos públicos locales electorales y los tribunales electorales de las entidades federativas, no excederán el límite establecido en el artículo 127” de la Carta Magna.
Lo anterior implica que dichos funcionarios “no podrán adquirir o contratar con recursos públicos seguros de gastos médicos, de vida o de pensiones privadas, seguros de separación individualizados, cajas de ahorro especiales, regímenes especiales de retiro u otras prestaciones que no estén previstas por la ley, decreto, disposición general, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo”.
Asimismo, en el artículo tercero transitorio de la reforma se indica que “el presupuesto anual autorizado para el Senado de la República deberá ajustarse de manera progresiva durante los cuatro ejercicios fiscales subsecuentes, con el objeto de alcanzar, al término de dicho periodo, una reducción acumulada equivalente al 15 por ciento en términos reales, respecto del presupuesto base vigente para el ejercicio fiscal 2026”.
En el séptimo transitorio, se puntualiza que “los recursos públicos que resulten como economías o ahorros en los presupuestos anuales de las entidades federativas derivados de las reducciones que se realicen a los presupuestos de las legislaturas locales y en la integración de los Ayuntamientos quedarán en el patrimonio de la hacienda pública de cada municipio”. Esos recursos excedentes se destinarán a “obras de infraestructura pública en beneficio de la población dentro del presupuesto correspondiente, en los términos de la legislación aplicable”.
Medidas de disciplina en el gasto
En las consideraciones del proyecto de dictamen, las comisiones unidas consideraron que la iniciativa enviada por Sheinbaum “se encuentra sustentada en un conjunto de principios constitucionales que orientan el ejercicio del poder”, pues “para lograr un Estado de bienestar en nuestro país, es necesario revisar de manera profunda y ética cómo se ejerce el gasto público, enfocándose en el principio de austeridad republicana”.
El proyecto de la mandataria, estimaron, “se articula bajo el principio de racionalización del poder público, el cual busca adecuar la organización, funcionamiento y control de las instituciones del Estado a parámetros de eficiencia, legitimidad democrática y responsabilidad en el ejercicio de los recursos públicos”.
Por otro lado, consideraron que “al simplificar la estructura pública y eliminar los excesos del pasado, se fortalece la capacidad del Estado para cumplir con sus obligaciones fundamentales sin comprometer la sostenibilidad de las finanzas nacionales”.
Debido a ello, coincidieron con la Presidenta “en la necesidad de prohibir la adquisición o contratación con recursos públicos de seguros de gastos médicos, de vida o de pensiones privadas, seguros de separación individualizados, cajas de ahorro especiales, regímenes especiales de retiro u otras prestaciones que no estén previstas por la ley, decreto, disposición general, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo, esto último sin afectar a la clase trabajadora”.
Asimismo, las comisiones consideraron que “la propuesta de reducción gradual hasta llegar al 15 por ciento en el presupuesto del Senado respecto al ejercicio fiscal de 2026 es una muestra clara de coherencia institucional con los principios constitucionales”.
En el mismo sentido, consideraron que “los presupuestos de las legislaturas de las entidades federativas deben guardar una proporción coherente con el presupuesto público estatal”, y se logra una “armonización constitucional” al limitar las remuneraciones en las entidades a nivel federal, estatal y municipal.
Para las dos comisiones, “la vía idónea para cumplir los objetivos antes expuestos es la reforma a los artículos 116 y 134 de la Constitución”, pues con ella se establecen “parámetros claros de disciplina presupuestaria, límites al ejercicio del gasto, distribución de los recursos públicos y mecanismos efectivos para erradicar privilegios”.
Por lo que se refiere a la nueva integración de los ayuntamientos, dichos órganos legislativos estiman que la enmienda propuesta por Sheinbaum “resulta acorde con el principio de proporcionalidad en la integración de los órganos de gobierno municipal, en tanto busca evitar estructuras sobredimensionadas”.
Asimismo, saludan la inclusión en la enmienda de los “principios de paridad de género horizontal y vertical, igualdad sustantiva, perspectiva de género y lenguaje incluyente en el ámbito municipal y legislativo local”.
En el documento, de 76 páginas, aún se incluyen los argumentos en favor de los cambios al artículo 35 de la Constitución en materia de revocación de mandato de la Presidenta, que habrían permitido que dicha consulta se hubiera adelantado a 2027.
Se espera que el proyecto sea discutido y aprobado en las comisiones unidas el próximo martes 7 de abril, para ser llevado el miércoles 8 al pleno de San Lázaro.
