Juan Carlos G. Partida, corresponsal
Guadalajara, Jal. “Yo no fui”, dijo el secretario de Seguridad Pública de Jalisco, Juan Pablo Hernández González, al ser cuestionado sobre quién dio la orden de arremeter contra los manifestantes el 11 de octubre durante la protesta por la mala calidad del agua a las afueras de Casa Jalisco, sin importar que entre los presentes hubiera adultos mayores, menores de edad y mujeres.
“Yo estaba supervisando parte de las actuaciones de los policías, lo que era del costado de (la calle) Montreal y ya hay bastante evidencia de lo que estuvo sucediendo del costado de (la calle) Rubén Darío. Tenemos varias declaraciones de los policías, varias declaraciones de los mandos, hay tres mandos involucrados, probablemente recibirán una sanción, dependerá de las actuaciones que se sigan haciendo”, dijo en rueda de prensa conjunta con el gabinete estatal de Seguridad.
Hernández González insistió en negar cualquier implicación directa en la cadena de mando que ordenó el uso de la fuerza y delegó la responsabilidad hacia mandos inferiores y el área de Asuntos Internos, que es la que realiza la investigación.
El fiscal de Jalisco, Salvador González de los Santos, dijo respecto a las denuncias presentadas por tortura de personas que fueron internadas en Casa Jalisco antes de enviarlas a la Fiscalía, que él no podía en estos momentos decir “qué delitos se puedan acreditar o si hubo o no algún tipo de delito”, porque la investigación está abierta.
El coordinador estratégico de Seguridad estatal, Roberto Alarcón Estrada, en ese mismo sentido señaló que por “protección” tampoco se podía revelar el nombre de quienes dieron la orden de reprimir el 11 de octubre.
“Es una información que por protección de quien haya ordenado eso no se puede informar a los medios de comunicación”, justificó Roberto Alarcón Estrada bajo el argumento de que los servidores públicos se exponen a represalias de los detenidos o sus familiares.
Lo que sí reconocieron los funcionarios es que los detenidos del 11 de octubre sí fueron ingresados a Casa Jalisco, donde vive el gobernador Pablo Lemus, en tanto los podían trasladar a la Fiscalía.
Hernández González precisó que el sitio de retención es una sección contigua al nuevo C5 que conecta las calles Montreal y Ontario y de acuerdo con el secretario se decidió concentrarlos en ese punto porque “no había condiciones para moverlos en algún vehículo, por la cantidad de personas que estaban en la manifestación”.
La rueda de prensa conjunta de las autoridades de seguridad de Jalisco se concentró en una serie de deslindes y justificaciones sobre el operativo policial del 11 de octubre y los tres altos funcionarios evitaron asumir en todo momento la responsabilidad directa por las órdenes de represión, el uso de gas lacrimógeno y los chorros de agua contra los ciudadanos que protestaban por la insalubridad del agua.
