Gobierno del estado le compra terreno a familias antorchistas

Samuel Estrada

El gobierno del estado prefirió indemnizar a particular antes de enfrentarse con antorchistas, reconoció el secretario general de Gobierno, Alejandro Leal Tovías, quien declaró que, a pesar de un ordenamiento judicial para desalojar a personas del asentamiento irregular conocido como colonia Margarita Morán en el predio llamado Las Palmas, se optó por solucionar el conflicto pagando parte del costo del terreno al propietario antes de enfrentar a la fuerza pública con los habitantes del lugar.

El funcionario explicó que es un problema que se viene arrastrando desde 2005, cuando el predio fue invadido por 300 familias del movimiento antorchista y el cual actualmente está completamente urbanizado y cuenta con todos los servicios, como cualquier fraccionamiento, desgraciadamente nunca se pudo regularizar el terreno.

Expuso que desde aquel momento el propietario del terreno interpuso recursos jurídicos y vía civil al gobierno del estado para que obtuviera la restitución del predio, pero ninguna de las dos administraciones estatales anteriores pudieron resolver el tema, no obstante el dueño acudió a la justicia federal para que se le reconociera la propiedad del mismo y se le regresara la posesión del predio.

Leal Tovías detalló que entonces fue cuando al menos en tres ocasiones el juez federal ha notificado al gobierno del estado para que se tomen las medidas conducentes para desalojar el predio a través de la fuerza pública, ampliando el requerimiento al propio gobernador, al procurador y al secretario de Seguridad del estado, en donde incluso se advertía de que de no atenderse se iniciaría un proceso de responsabilidad contra los funcionarios que no hayan atendido el ordenamiento.

Sin embargo, agregó que “la realidad es que, analizando la situación, determinamos que nosotros no podíamos dar cumplimiento porque era sumamente riesgoso y hasta imposible de hacerlo, porque implicaría enfrentar a 500 policías en contra de alrededor de mil personas, lo que pues representaba una amenaza a la vida de los dos bandos”.

Señaló que, entonces, se optó por llamar de nueva cuenta al propietario del predio para sentarse a negociar y poder llegar a un buen acuerdo con base en la ley de amparo que permite dar cumplimiento a un ordenamiento a través del resarcimiento económico y, aunque en un inicio se pedían 66 millones de pesos, se pudo llegar al acuerdo de poder pagar de acuerdo al valor catastral, que es de 33 millones y medio de pesos, de lo cual el 40 por ciento lo pagará el gobierno del estado, a través de la Promotora, y el resto será cubierto por los habitantes del lugar en un plazo de hasta un año y medio, lo cual permite ahora cumplir con la orden judicial “y, sobre todo, ahorrarnos un problema social”.