Alonso Urrutia
Ciudad de México. El recorte presupuestal de 800 millones de pesos al Instituto Nacional Electoral decretado por la Cámara de Diputados es drástico e insólito, lo que obligará al organismo a adoptar acciones inusuales en las que de entrada no están contempladas la reducción salarial ni el recorte de personal.
El consejero Ciro Murayama arrgumentó que reducir el salario está prohibido constitucionalmente y en cuanto a la reducción de personal, aseveró que las dimensiones de las tareas que debe realizar el INE para organizar los comicios federales de 2018 y coadyuvar en 30 elecciones locales.
Apuntó que en la determinación de la Cámara de Diputados se abrió la puerta para que en su caso, de requerirlo, el INE tendría la posibilidad de requrir una ampliación presupuestal ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pero como siempre han sido críticos frente a esta alternativa, por ahora se tiene descartado esa ruta para buscar mayores recursos para la organización
Explicó que los 800 millones de pesos que les recortaron los diputados equivalen al costo que tiene la instalación del 15 por ciento de las 150 mil casillas que se tienen contempladas se instalarán en las elecciones de 2018.