Ambulantes, a la alameda también el 10 de mayo
7 abril, 2016
Atención a la chispa, cuidado con la gota
8 abril, 2016
Renata Terrazas*
México es formalmente una democracia desde hace varias décadas. Ya en un serio estudio sobre cultura política en la década de los sesenta figurábamos como una democracia imperfecta con una ciudadanía poco informada y con un papel menor en el desarrollo de la vida política del país.
Por muchos años, el desarrollo de elecciones periódicas ha sido el indicador para medir el tipo de régimen político en el mundo. Para el caso de México, la celebración de elecciones y la renovación periódica de élites políticas sin violencia, ha significado pertenecer al selecto grupo de las democracias mundiales desde el siglo pasado, a los ojos de la comunidad mundial.
Que nos haya gobernado el mismo partido político por tantos años, que tengamos una cultura política limitada y volcada hacia relaciones clientelares en vez de la creación de ciudadanía, que las elecciones gocen de un alto índice de acciones fraudulentas, entre tantas otras desviaciones políticas, no ha sido suficiente para nombrar a México como un país no-democrático.
La llamada transición política en el año 2000 que llevó a que por vez primera ganara un partido diferente al Revolucionario Institucional a la Presidencia de la República en 70 años, pareció disipar las dudas sobre nuestro México democrático. Ahora sí se habían celebrado elecciones limpias y tan era así que había ganado el candidato de otro partido.
En ese momento hasta los más escépticos comenzaron a hablar de un México que se movía hacia la construcción de un régimen democrático. Y es preciso reconocer que al menos se echó a andar una maquinaria institucional y normativa para la garantía de los derechos civiles y políticos en el país.
Muy poco después se perdió la esperanza de la construcción de un Estado de derecho, nos explotó en la cara una guerra contra el narcotráfico donde el Ejecutivo federal volcó al Ejército a las calles y comenzó una crisis de derechos humanos que al día de hoy no hemos logrado atender.
El regreso del PRI al poder en el ámbito federal volvió a cambiar de rumbo al país, esta vez hacia la recuperación de un Estado centralista y autoritario que dejara cada vez más claro el limitado espacio para el ejercicio de los derechos y el sometimiento de la población a los caprichos de las élites políticas y económicas.
A menos de cuatro años de la gestión de Peña Nieto el país ha enfrentado varias crisis de derechos humanos en las que las fuerzas armadas han protagonizado encuentros violentos con población civil en donde se han realizado ejecuciones extrajudiciales, tortura y desapariciones forzadas. Durante estos años hemos visto a un Estado incapaz de garantizar la seguridad de su población, y en donde, además, se ha empleado a la policía para la represión de la protesta. En este tiempo, también, hemos observado la corrupción y conflicto de intereses de la clase política al tiempo que se silencia la crítica mediante la limitación de nuestro derecho a la libertad de expresión.
Si todo esto no fuera poco, México comienza a cerrarse ante la crítica y el gobierno federal, como un verdadero autómata, sólo se escucha a sí mismo y a quienes comparten su opinión y su visión.
En este monólogo gubernamental, los mensajes son simplones: ésta es la verdad histórica, las organizaciones de derechos humanos tienen intereses ocultos contrarios a los del bienestar del país, no hubo corrupción, no hubo conflicto de interés, no hay privilegios, no hay feminicidios, nadie silencia el periodismo, aquí se vive en pleno Estado de derecho.
El Ejecutivo federal ha empleado toda su maquinaria para desprestigiar a quienes ejercen la crítica; ya sea un grupo de periodistas que investigaran sus propiedades, organizaciones que documentaran sus mentiras históricas o comisiones de investigación sobre derechos humanos y relatorías de Naciones Unidas que dieran cuenta de las constantes violaciones a derechos humanos por parte del Estado.
México ha entrado en una nueva etapa de autoritarismo donde leyes de avanzada se mezclan con acciones de represión, discursos sobre apertura gubernamental se salpican de procesos de toma de decisiones a puerta cerrada con claros efectos negativos hacia las personas, y la instauración de un régimen de transparencia y combate a la corrupción se tiñe de negro con la constante comisión de delitos de corrupción.
En la medida en la que se siga usando la violencia para callar la protesta, que la censura sea el pago a la prensa crítica y que la cerrazón al cuestionamiento internacional y el desprestigio sea la respuesta a las acciones de organismos de derechos humanos, estaremos por mucho tiempo en un régimen autoritario.
* Investigadora de Fundar, Centro de Análisis e Investigación
