vigue
El culpable es quien le otorgó la concesión a Vigue, ataja Gallardo
26 enero, 2016
Quien de amarillo se viste… la basura lo rebasa
26 enero, 2016

El medio ambiente a segundo plano

Guillermo Luévano Bustamante

Ayer el periódico Pulso, diario de San Luis, recogía una declaración de Ramón Ojeda Mestre, secretario general de la Corte Internacional de Arbitraje Ambiental, quien llamaba la atención sobre los posibles efectos de una disputa política que mal planteada jurídicamente que concluyera en la terminación de la relación contractual con la empresa Vigue que se hacía cargo de la proveeduría del servicio de recolección de basura que presta(ba) en la capital del estado. Entre las diversas consecuencias del conflicto, además de las afectaciones ambientales al entorno de la ciudad, colocaba en la discusión el posible requerimiento de pago por sanciones al que podría apelar la empresa en caso de que el procedimiento administrativo del ayuntamiento fuera mal planteado.

Hace poco la profesora de derecho ambiental en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí Violeta Mendezcarlo me hacía la misma observación respecto al conflicto que se ventila ahora en diversos municipios del Altiplano en torno a la instalación de un tiradero de residuos sólidos industriales en Santo Domingo y su zona colindante.  A su ver, el problema no será tanto vencer jurídicamente a la empresa y detener la instalación del tiradero, sino las posibles consecuencias de ese acto que podrían implicar favorecimientos económicos para la empresa derivado de errores administrativos cometidos por el ayuntamiento que otorgó el permiso de cambio de uso de suelo.

Pareciera que la legislación administrativa no es concordante con su expresión regulatoria en materia ambiental en tanto que por un lado desprotege o cubre apenas de forma incipiente los derechos asociados al medio ambiente, a la salud; y por otro lado se basa en una contraprestación que sugiere que las empresas que contaminan paguen por sus daños lo que constituye en la práctica una especie de licencia para contaminar.

El problema es que los responsables de los errores y daños ambientales se sientan en oficinas directivas de instituciones administrativas, municipales, por lo común, pero quienes pagan las cuentas son las y los ciudadanos de los pueblos y ciudades. Es decir, que frente a los agravios contra el entorno los medios de defensa de la sociedad siguen siendo escasos y cuando se castiga a una empresa infractora, por irregularidades administrativas hay que pagarle luego “indemnizaciones”.

Ya ni esperar de la legislación ambiental una reorientación doctrinal que conciba que la protección al entorno natural sea parte de una forma de admitir no sólo el derecho de las personas a vivir y desarrollarse saludablemente, sino incluso que se trata de derechos de la naturaleza, cuya titularidad en nuestra tradición jurídica es impensable, pese al reconocimiento reciente de esa condición en el Nuevo Constitucionalismo Latinoamericano, por ejemplo en Ecuador o como sugiere el ex ministro de la Suprema Corte de Justicia Argentina, Raúl Zaffaroni en “La pachamama y el humano”.

La renuencia para reconocer titularidad de derechos a la naturaleza de ciertas posiciones doctrinales me recuerda la misma posición liberal que se oponía a reconocer derechos colectivos a pueblos y comunidades indígenas: “se trata de una abstracción, por ello no es posible reconocerle derechos que solo recaen en las personas”. Ese mismo argumento liberal no ha tenido empacho en reconocer que las empresas son “personas morales” o colectivas y que con esa personalidad jurídica comparecen a las autoridades mexicanas a demandar que se les pague porque no se les ha permitido contaminar a su antojo.

Twitter: @guillerluevano

Guillermo Luévano
Guillermo Luévano
Doctor en Ciencias Sociales, Profesor Investigador en la UASLP, SNI, columnista en La Jornada San Luis.