Jorge Carrillo Olea / II
La única razón de existir de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) es la desestabilización de aquellos países, gobiernos u organizaciones que se opusieran a los altos intereses de esa nación, no hay más. Toda actividad, en la modalidad que se quiera, debe entenderse que son sólo pasos intermedios para alcanzar ese fin.
Aplica métodos violentos como asesinatos o golpes de Estado o, como es el momento de México, crea o sigue situaciones ya existentes, como los tantos temas conque a diario nos amenaza Trump. Esta es una idea que demandaba ser vista con profundidad, fue un anticipo de la exigencia de E.U, de las solicitudes de extradición del gobernador de Sinaloa y supuestos secuaces.
No se le vio así, y llegarán otras. El caso Chihuahua, además de los procesos judiciales a que haya lugar, debería ser un caso de estudio por los órganos de inteligencia ya que rebela no solo hechos que dan lugar a su uso político y exaltaciones mediáticas, sino que, al profundizar en el caso, además de los fines de Trump, devela nuestras lamentables debilidades humanas e institucionales.
El destino de México, según la óptica de aquel país, debe ser correspondiente a sus conveniencias. Todo parte de ese punto, las formas y sus mecanismos son delicadamente diseñados. Estados Unidos no pretendería una desestabilización como al gobierno de Salvador Allende, en Chile, hundiendo su economía y alentando un golpe militar; pero dispone de otros recursos igualmente perversos y efectivos, como solicitar anuencias en asuntos judiciales, comercio crítico de bienes insustituibles como el gas, migraciones, tráfico de armas o influencia sobre banca internacional. Medios le sobran.
Como funcionarios de cierto nivel no tenemos una cultura preventiva sobre la defensa de lo nuestro, por eso nos meten bola tras bola. La referencia es al amplio mundo de la burocracia: secretarios y subsecretarios de Estado, directores de grandes corporaciones, gobernadores estatales y embajadores, que entre ellos manejan información altamente sensible. No fuimos educados en la prevención de todo género, desde la vacuna, o el extinguidor hasta el advertir riesgos nacionales.
Esto es solamente una forma de ceguera o insensibilidad política. Para ser congruentes, sigamos la reflexión en el caso Chihuahua, el mensaje no leído. Ello nos permite suponer al menos dos situaciones: que la gobernadora actuó como lo hizo por ignorancia palmaria sobre la materia o que actuó desde una nube mezcla de soberbia e irresponsabilidad. Ambas posturas se alimentan de una falta de cultura sobre la materia: la gobernadora ignoró paladinamente su propio juramento de cumplir y hacer cumplir las leyes federales y estatales y aceptó que, si no lo cumpliera, que la nación se lo demande, lo que hace suponer un conocimiento de la ley previo a su protesta, o no supo lo que protestó cumplir.
¿La ausencia general de cultura preventiva es propiciatoria de las conductas en que incurrió la gobernadora? Sí, indudablemente, pero hay que advertir que el Estado tampoco ha exigido o promovido tal ilustración. No existe el mecanismo informador a funcionarios de alto nivel que plantee con la amplitud necesaria los compromisos que se adquieren al protestar en la asunción de ciertos puestos y que eso va más allá de su obligación también legal de conocer la ley.
En ningún caso puede alegarse ignorancia de la ley. Habría que advertirles que los agentes extranjeros que actúan en nuestro país, sean estadunidenses, chinos o españoles, que de todo hay, suelen adoptar, como camaleones, cualquiera forma externa, pero siempre obedecerá ese fin. Una regla que resulta obvia es que se adaptan increíblemente al objetivo que tienen asignado. Siendo legalmente miembros de un gobierno extranjero, su identificación formal es pasar por promotores, asesores o instructores. Llevan una forma de vida abierta, si bien no se reconocen como lo que realmente son.
Suelen operar a través varias personalidades superpuestas según el medio de su trabajo, generalmente con cobertura diplomática. Cuando debieran cumplir con misiones extra legales, como su presencia en Chihuahua, las llaman “operaciones encubiertas o clandestinas”, las que se han dado con cierta recurrencia en México, pero nuestro sistema jurídico ha estado impedido de actuar en procuración de justicia por convenios internacionales, ya que, al habérseles recibido en calidad de diplomáticos, gozan de impunidad.
Se enfocan en objetivos específicos de alto valor que generalmente son accesibles legalmente, no en despliegues amplios clandestinos. Al menos 90 por ciento de sus necesidades de información está abierto al público, por eso es de estudiarse el qué hacían realmente los dos occisos en la montaña. De toda esta situación es que la irresponsabilidad de la gobernadora Campos resulta el valor negativo de ser lección que debe aprenderse, porque después de Sinaloa nos viene más. Hoy es ella y sus cómplices ante una violación que atenta contra principios vitales para nuestra trasijada patria, ¿y después?
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