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  • Aprobar artículo “insatisfactorio”
  • Poder militar “legalizado”
  • Empleo a huachicoleros

Julio Hernández López

Con una premura derivada de la urgencia que tienen por satisfacer la indicaciones que al respecto ha dado Palacio Nacional, los operadores de Morena en el congreso federal (Mario Delgado y Ricardo Monreal) pretenden aprobar aunque sea a tropezones la Guardia Nacional.

La incontrovertible mayoría aritmética de Morena en las cámaras legislativas buscará que tal proyecto de militarización sea aprobado en un periodo extraordinario de sesiones que podría ser convocado hoy a través de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. No hay dictamen de las comisiones de trabajo que en el Senado recibieron la minuta proveniente de San Lázaro y, para cumplir el trámite de hacer algún tipo de consulta, se citaría al vapor a secretarios del gabinete obradorista para que comparezcan a explicar algunos puntos del citado plan de la Guardia Nacional.

El descuido de las formas, además de la fuerte polémica sobre el fondo, pretende evitar que el paso de unas semanas más sin aprobar el proyecto pueda multiplicar y fortalecer las objeciones del caso. En concreto, el partido dominante, y sus aliados, buscan disolver la insatisfacción que abiertamente expresó el presidente Andrés Manuel López Obrador con lo que por mayoría de votos decidió la cámara de diputados, pues en esa resolución no se incluyó un artículo transitorio (que no había formado parte de las discusiones internas de la cámara de diputados, hasta que llegó de parte de la secretaría de Gobernación, es decir, de Palacio Nacional) que a contrapelo de la actual letra constitucional otorgaría a las fuerzas armadas la facultad de integrar la citada Guardia Nacional, en tanto los cuerpos policiacos se llegan a profesionalizar o en tanto el actual desbordamiento criminal fuese frenado.

Ese artículo transitorio, que ni siquiera fue considerado por la bancada de Morena en San Lázaro en la minuta que aprobaron, condensa el espíritu real de la militarización buscada: todo el rollo legal y político que se plantea en lo general, a través de ese transitorio aterriza en el aspecto específico de la habilitación de las fuerzas armadas para el cumplimiento de tareas de índole civil, durante un lapso que se dice podría ser de cinco años.

Sobre el punto se han manifestado diversos organismos defensores de derechos humanos a niveles nacional e internacional y se han invocado diversos tratados internacionales que serían contradichos con la pretensión del artículo transitorio que a la carrera quiere insertar el Senado, para devolverlo a San Lázaro, donde la mayoría aliada de diputados muy seguramente buscaría aprobar la modificación sin mayor contratiempo.

Está resultando fácil ceder a la tentación de entregar más porciones de poder a unas fuerzas armadas que durante estas semanas de obradorismo han tenido una preponderancia nunca antes vista (de constructores de pistas aéreas y de unidades inmobiliarias de lujo a departamento de personal para contratación de choferes de pipas). La herencia de criminalidad creciente que recibió el obradorismo lleva al actual gobierno a considerar que necesita con urgencia instrumentos de control militar. Valdría recordar una de las frase de la campaña del político tabasqueño: “abrazos, no (más) balazos”.

De gira por el Estado de México, donde Alfredo del Mazo recibió abucheos de ínfima proporcionalidad en relación con el pésimo gobierno que ha hecho, el presidente López Obrador ofreció apoyos económicos y de asistencia social para los pobladores que decidan dejar el huachicoleo (trabajo digno, entre otras ofertas gubernamentales, aspiración que no alcanzan muchos de quienes se mantienen al margen de ese tipo de saqueos). La pinza de apoyo social va de la mano del combate directo al robo de combustible, en un escenario donde ha disminuido el problema del abasto en algunas ciudades pero se mantiene vivo en otras (Guadalajara y, ahora, Monterrey, por ejemplos), además del constante ataque de bandas delictivas que pinchan ductos de manera sistemática.

Al retablo de corrupción institucionalizada en México ha agregado un nuevo trazo el abogado Dámaso López Alonso (apodado “el licenciado”, a cuyo hijo, a su vez, motejan como “el mini lic.”). Era subdirector del penal de alta seguridad de Puente Grande, en la zona metropolitana de Guadalajara, Jalisco, cuando Joaquín Guzmán Loera estaba preso. Le concedió comodidades y facilidades a cambio de favores económicos y, luego de renunciar al cargo gubernamental, se integró a la plantilla de operadores de el Chapo, siendo testigo, según las declaraciones que hizo ayer en Nueva York, de momentos en los que el famoso jefe del narcotráfico ordenaba asesinatos de rivales o delatores, a la vez que manejaba la presencia o ausencia de policías federales o locales en las escenas de los crímenes.

Ayer se realizó en el 97.7 de FM de Radio Centro  un debate entre el académico John Ackerman y el político Javier Lozano Alarcón, sobre el gobierno de López Obrador, sus claroscuros y perspectivas. A contrapelo de una expectativa, volcada sobre todo en redes sociales, que preveía momentos ríspidos durante la discusión, los debatientes hablaron con energía, pasión y convicción pero con respeto y civilidad al contrincante. El video correspondiente puede ser visto en https://goo.gl/RStx9w .

Astillas: En Puebla, los panistas traen un pleito a muerte porque una parte, en el congreso local, se plegó a la estrategia morenista de hacer gobernador interino al priista Guillermo Pacheco Pulido. A tal grado, que la presidenta estatal del partido de blanco y azul, Genoveva Huerta, destituyó a Marcelo García como coordinador de los diputados locales panistas… Luego de ganar efímera popularidad al proponer toque de queda para mujeres en Veracruz, como fórmula para “evitar” ataques violentos, la diputada Ana Ferráez ofreció disculpas. Llegó a la curul local por la vía de Morena y antes había sido candidata a presidenta municipal de Xalapa por una alianza de PRD y PAN… ¡Hasta mañana!

Julio Hernández López
Julio Hernández López
Autor de la columna Astillero, en La Jornada; director de La Jornada San Luis.