Lo laboral de la educación en SLP

Guillermo Luévano Bustamante

P arece que uno de los focos rojos no muy difundidos del gobierno saliente que encabeza nominalmente el médico Fernando Toranzo es el de los conflictos laborales, especialmente en el campo de la educación.

En esta columna he venido refiriéndome, entre otros, a los problemas no resueltos relacionados con el Colegio de Bachilleres, por ejemplo. Sobre todo por la inaplicación correcta de los criterios de homologación salarial correspondiente por decreto ejecutivo y de la reiteración de prácticas denunciadas por las agrupaciones de docentes como nepotistas y violatorias de derechos laborales, por parte de autoridades educativas que inobservan los criterios de escalafón.

No es menor tampoco el problema que enfrenta la Universidad Autónoma de San Luis Potosí de un posible, aunque poco probable, estallamiento de huelga por parte de la Unión del Personal Académico, es decir, su sindicato de docentes. Es francamente difícil que el estallamiento se concrete en un entorno como el potosino en el que hay pocas condiciones en el grueso de la planta docente, estrecha relación de colaboración entre la dirigencia del sindicato y las autoridades de la institución, y donde prevalecen formas de conducción y líneas políticas de la agrupación sumamente institucionales, no especialmente combativas.

El origen de la inconformidad radica en que el aumento salarial propuesto para el personal docente correspondiente al presente año es de 3.4% inferior al 4.2% del crecimiento de la inflación el año pasado. El asunto es que la disminuida propuesta salarial deriva de una menor participación de las aportaciones gubernamentales, principalmente las federales.

El hecho es simbólico, más allá de las fracciones porcentuales que pueden significar un ingreso menoscabado para la planta docente de la máxima institución de educación superior en el estado, lo que se evidencia es la consecuencia de las políticas del gobierno federal por reducir el presupuesto a la educación. Si lo permitimos podría llegar a constituir una tendencia.

Como sea no se vislumbra una actuación mediadora por parte del gobierno estatal. No que signifique inmiscuirse en la vida interna de la Universidad, sino que contribuyera a realizar las gestiones necesarias ante la federación para evitar la suspensión de actividades, o que destinará algún apoyo financiero que resarciera el recorte federal mientras se dirime el conflicto.

Ayer fueron docentes en jubilación del sistema de telesecundarias quienes denunciaron públicamente ante la Dirección de Pensiones que el gobierno del estado de San Luis Potosí les adeuda pagos en sus retribuciones respectivas. Y más grave aún, que les ha impedido el acceso a servicios médicos y de salud. La pensión por jubilación es un derecho elemental de la seguridad social de una comunidad. No tendría porque pichicateárselos la administración estatal que hace generosas erogaciones en otros rubros. Menos aún negarles servicios médicos que ponen en riesgo su salud y su vida, lo que constituye una actuación sumamente irresponsable las autoridades.

Poca voluntad y malos oficios ha exhibido el gobierno torancista en materia de política laboral del campo educativo y escaso interés en la materia. El ex titular de la secretaría de Educación, Juan Manuel Carreras, va ahora como candidato a la gubernatura por el Partido Revolucionario Institucional y deja tras de sí una serie de conflictos irresueltos que deberíamos tener presentes.

Twitter: @GuillerLuevano