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7 Enero, 2016
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7 Enero, 2016

Participación ciudadana y Plan Estatal de Desarrollo

Martín Faz Mora

Obligada por ley a la elaboración del Plan Estatal de Desarrollo (PED) la reciente administración estatal se ha visto en apremios. Si bien la ley local establece un plazo de seis meses para ello, una reciente reforma constitucional de junio del 2015 acortó el plazo a la mitad del tiempo sin que la anterior Legislatura se tomara la molestia de armonizar y ajustar la Ley de Planeación del Estado y Municipios de San Luis Potosí. El apuro para su entrega al Congreso en las postrimerías de 2015 deja la impresión de que el equipo encargado de su elaboración vino a enterarse del anticipado plazo constitucionalmente fijado ya en el trayecto y cercano a la víspera.

El PED es o debería ser, en sí mismo, un mecanismo genuino y auténtico de participación ciudadana que genere efectivas políticas públicas antes que políticas meramente gubernamentales. No debe perderse de vista que, formalmente, el PED es el instrumento rector del proceso de planeación del Sistema Estatal de Planeación Democrática que incluye tanto a la administración pública como a los sectores sociales y privado. Su carácter democrático supone y requiere participación ciudadana auténtica y genuina.

En materia de participación ciudadana, diversos análisis, distinguen que ésta posee distintos niveles de incidencia en la elaboración de la agenda pública y el diseño e implementación de las políticas.

En un básico primer nivel se identifican procesos en los que los ciudadanos participan en mecanismos de información, opinión, o consulta para presentar sus posiciones, canalizar sus requerimientos y sugerencias. Tales mecanismos están encaminados a que la autoridad cuente con información necesaria para elaboración de sus programas. Buzones ciudadanos, consultas a través de páginas de Internet, forman parte de tales mecanismos muy básicos y primarios de la participación ciudadana. Los foros también forman parte de tales mecanismos básicos aunque son cualitativamente mejores pues, a condición de reunir determinados requerimientos metodológicos, suponen cierto tipo de interlocución también muy elemental.

En un segundo nivel de incidencia los actores, ciudadanía en general o determinados sectores ciudadanos organizados entre otros, están dotados para tomar decisiones, lo que implica tener voz en las opciones y las alternativas de solución. Supone que sus opiniones y posiciones tienen un poder vinculante con las decisiones que se toman mediante ciertos mecanismos de participación como lo son comités, consejos, juntas vecinales, espacios de diálogo, etcétera.

Un tercer nivel es el de control de la actividad pública, como el seguimiento de las políticas, desempeño de instituciones, funcionarios o gobernantes. Significa acompañar el proceso de implementación de los planes y sus políticas públicas asegurándose que los resultados obtenidos se ajusten a las metas y objetivos establecidos.

De los tres niveles de incidencia señalados, el primero es insuficiente desde cualquier perspectiva pues constituye, cuando mucho, un mero insumo que usualmente es incorporado de manera discrecional por la dependencia, mejor aún, por el responsable operativo que tiene a su cargo la elaboración de la política, para el caso, del PED. Tal nivel es también el grado de participación ciudadana claramente situado en la zona de confort del gobierno ya que le permite mantener el control del proceso.

Hasta ahora, durante la etapa de formulación del PED, el mecanismo de participación ciudadana implementado por la recién llegada administración resulta ser de un nivel de incidencia muy menor y primario pues quedó reducido y circunscrito fundamentalmente a un mecanismo del tipo buzón ciudadano colocado en algunas dependencias públicas y vía Internet, un sigiloso levantamiento de encuestas sin que se conozca la metodología del levantamiento, así como la realización de  algunos foros escasamente difundidos y prácticamente desapercibidos por la opinión pública.

Cabe señalar de la existencia de un perfil de Facebook a nombre de “Plan Estatal de Desarrollo SLP 2015-2021” en la categoría de “Organización gubernamental”, abierto el 20 de octubre del 2015 en coincidencia con la instalación del Comité de Planeación del Desarrollo Estatal (Coplade), y que a todas luces parece ser oficial por el tipo de información que proporciona, donde se da cuenta con fecha 20 de diciembre que: “El Secretario de Finanzas y director del COPLADE, José Luis Ugalde Montes, dio a conocer que se realizaron 454 foros regionales y grupos de enfoque en todo el estado, contando con la participación de 7 mil potosinos, además de la realización de 8 foros de consulta indígena, con mil 442 participantes, realizados en los municipios con mayor presencia de etnias”. La información resulta, por decir lo menos, sorprendente. Pues los únicos testimonios que ahí aparecen en las respectivas publicaciones durante el periodo del 20 de octubre al 23 de diciembre, fecha en que el PED se entregó al Congreso del Estado, es decir durante los sesenta y cinco días para su formulación, refieren a: 6 foros micro regionales, 1 foro industrial, 1 grupo de enfoque con expertos en el Eje II “San Luis Incluyente”, 1 actividad del sector Comercio y Servicios (Emprendedores) y 4 reuniones regionales de conclusión de la consulta ciudadana, para un total de sólo 13 reuniones con testimoniales de su efectiva realización. Cantidad muy distante de los 454 foros regionales y grupos de enfoque que, según tal página de Facebook, habrían sido realizados. De ser cierto tan sorprendente dato, el promedio diario de reuniones incluyendo fines de semana y asuetos ascendería a 7 por día, una cifra demasiado difícil de pasar tan notoriamente desapercibida, como lo fue, para los medios locales y la opinión pública.

Cierto que el PED atraviesa por distintas etapas: formulación, instrumentación, control, información, evaluación y actualización. Pero que su elaboración en esta primera etapa ha sido, en materia de participación ciudadana, no sólo rudimentaria sino hasta deficiente no es una apreciación meramente personal. Ya la editorial del periódico Pulso, “De todos”, del pasado 16 de diciembre dio cuenta de un amaño intencionado al PED por parte de dependencias públicas que habrían instruido a sus empleados a “participar” en el buzón ciudadano que hace las veces de consulta para su elaboración en la página web del gobierno del estado, ello ante la escasa participación ciudadana genuina y auténtica al punto de señalar que: “En víspera de que se presente el Plan Estatal de Desarrollo, parece que el interés ciudadano no se pudo despertarse desde que fue convocado y en el Palacio de Gobierno, alguien se puso creativo. Desde el ala sur del edificio, alguien propuso “complementar” las escasas propuestas de las personas de a pie, y para ello, se pensó en utilizar a la burocracia. En algunas dependencias, ayudaron a clasificar las propuestas y en otras, de plano, los empleados gubernamentales se convirtieron en los participantes más activos de la consulta ciudadana”. Y no repara en subtitular la editorial institucional del diario con el abierto cuestionamiento: “¿Consulta ciudadana?”.

En el balance, y como en todo, el tema puede analizarse bien desde la perspectiva del vaso medio lleno o la del medio vacío. Mas si en verdad la actual administración estatal quiere conducirse con un enfoque de gobernanza y, en consecuencia, tomarse en serio la participación ciudadana genuina y auténtica no debiera desaprovechar las oportunidades de ponerla en práctica así disponga de plazos estrechos y perentorios como lo fueron los de la etapa de formulación del PED. Deberá, entonces, corregir el rumbo en las subsecuentes etapas de instrumentación, control, información, evaluación y actualización.

Incluso en la actual etapa de revisión y aprobación de la propuesta del PED presentada por el Ejecutivo, donde la LXI Legislatura dispone de tres meses, puede empezar a corregirse el rumbo tanto por el Legislativo como de común acuerdo entre ambos poderes.

Twitter: @MartinFazMora

Martín Faz Mora
Martín Faz Mora
Activista social por los derechos humanos. Colaborador de la Jornada San Luis. Preside Junta Vecinal de Barrio San Sebastián. Consejero Electoral en CEEPAC