Pregunta(s) en el aire

• Chocar con unos u otros
• Conagua pospone “remate”
• Petroleros: madruguete sindical

Julio Hernández López

Develada la pregunta única, continúan los enigmas y las inquietudes. Dudan de la eficacia de los mecanismos y de la confiabilidad de los resultados quienes son adversos a la consulta extraoficial (lo es en cuanto no ha sido convocada ni será supervisada por ninguna autoridad en funciones). Consideran que todo es manipulable y difícilmente aceptarían que de un proceso aún insuficientemente explicado pudiera derivarse un “no” a la cuantiosa inversión aeroportuaria en el lago de Texcoco.

Y, por otra parte, algunos de quienes rechazan la continuación del proyecto de nuevo aeropuerto temen que las consideraciones ecológicas, técnicas, económicas y políticas puedan ser superadas artificialmente mediante trampas, por más que la próxima consulta pretenda ser inscrita en un hipotético marco de nueva democracia infalsificable, que según eso se desprendería de la anómala lisura del pasado uno de julio.

En el mundillo de la eterna suspicacia generó, desde luego, lecturas controvertidas el que en primer lugar se hubiera colocado la opción de diseño más reciente, la que combina las posibilidades rehabilitadas de los actuales aeropuertos capitalino y toluqueño, más dos pistas en Santa Lucía. Además, dado que el reacondicionamiento de los aeropuertos de la Ciudad de México y de la capital del Estado de México se anunciaron como obras de realización obligada por las circunstancias, sin relación directa con el diferendo estricto entre Texcoco y AICM-Santa Lucía, parecería desbalanceado asentar esas rehabilitaciones en un solo casillero. Otro punto polémico es el del financiamiento de esa consulta: Porfirio Muñoz Ledo dijo que los diputados de Morena no desembolsarán dinero para ese propósito, como había comentado el vocero de la presidencia electa, Jesús Ramírez Cuevas.

Por lo pronto, la suerte está echada: con esa pregunta se definirá mucho más que el futuro de la magna construcción planteada por el peñismo y sus aliados empresariales, con el desarrollo urbano circundante, oportunamente acaparado por los conocedores de información privilegiada; en realidad, se definirá el tono y la intensidad de la confianza entre los grandes capitales, nacionales y extranjeros, y el gobierno federal entrante. Atenazado por la realidad económica globalizada, y el nada sutil amago local, pero al mismo tiempo comprometido con la corriente social que rechaza el aeropuerto texcocano, López Obrador necesita barajar más respuestas (otras), las suficientes para tratar de evitar un choque fuerte con los grandes capitales o con una parte de su amplia base social de apoyo.

Sólo en México puede suceder que una dependencia anuncie, el mismo día del inicio de una delicada operación de fin de sexenio, que en realidad no había condiciones para tales trasiegos y, por tanto, se posponen tales tareas ¡por seis meses! Así lo hizo Conagua, dirigida por Roberto Ramírez de la Parra. Según lo programado, este lunes se asignarían por vía cibernética concesiones de agua como si fuera remate de fin de fiesta. La pretensión fue rechazada por especialistas, activistas y dirigentes legislativos de Morena. A fin de cuentas, la presión política y social impidió un negocio más del Año de Hidalgo.

Otro madruguete de temporada avanza viento en popa (al menos, tales son las apariencias). La federación nacional de caciques sindicales petroleros se ha adelantado a las intenciones democratizadoras que Andrés Manuel López Obrador ha expresado en discursos recientes. Ayer se dieron a conocer convocatorias para elecciones en secciones sindicales (son 36) del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, con la intención de tener todo acomodado para varios años más de los “liderazgos” del gremio gerenciado por Carlos Romero Deschamps.

Las “elecciones” se realizarán mediante el sistema “de escrutinio”, que obliga a los trabajadores a escribir en su cédula de votación su nombre y apellidos y su ficha de identificación laboral. De esa manera se viola la posibilidad de ejercer el sufragio de manera libre y secreta.

Dos grupos de violencia ya casi institucionalizada en México, el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación, fueron señalados por el gobierno de Estados Unidos como parte del quinteto de las principales amenazas “contra la seguridad y la prosperidad” de la vecina potencia mundial.

Jeff Sessions, procurador estadunidense de justicia, colocó a las dos organizaciones mexicanas junto al Hezbolá libanés, la salvadoreña Mara Salvatrucha 13 y el colombiano Clan del Golfo. La ominosa clasificación fue dada a conocer durante la presentación de un Grupo Especializado (o Fuerza de Tarea) en Criminalidad Organizada Transnacional. No se especificaron las acciones transnacionales específicas que hubiera decidido Washington por sí mismo o que hubiera acordado con los gobiernos sede de las respectivas agrupaciones mafiosas.

En la presentación del proyecto estuvieron presentes “fiscales mexicanos”, pero ningún funcionario mexicano de primer nivel. En tres meses estarán definidas las líneas de acción de esa cruzada contra las cinco organizaciones criminales (es decir, las que están fuera de Washington). Habrá un responsable estadunidense para cada uno de los casos a combatir. Para coordinar las acciones contra el cártel de mayor crecimiento durante el peñismo, el jalisciense, se designó a Brett Reynolds, abogado especialista en asuntos de estupefacientes y miembro del Departamento de Justicia. Para el sinaloense, cuyo máximo jefe visible, apodado el Chapo, está preso en Estados Unidos, se nombró a Matthew Sutton, fiscal en un distrito judicial californiano.

Y, mientras Jaime Rodríguez Calderón, autodenominado el Bronco, pasaba el trago amargo de presentar un “informe de actividades” como gobernador de Nuevo León, cuando lo más notable de su tramo anual reciente fue el dejar el mando norteño para correr la aventura, de desarrollo y final grotescos, de hacerse candidato presidencial “independiente”, ¡hasta mañana!