Sonora: ¿golpe legislativo?

• Cerrojo a Morena
• Pavlovich y Beltrones
• EPN: ¡más endeudamiento!

Julio Hernández López

De Sonora viene el ensayo. La gobernadora Claudia Pavlovich explora las posibilidades de imponer un cerrojo legislativo al crecimiento explosivo de Morena, mediante la aprobación al vapor de una iniciativa de reformas legales en el estado norteño que, según lo filtrado y denunciado hasta anoche, pues el texto oficial no había sido dado a conocer, demanda porcentajes más altos para la aprobación de reformas legales y constitucionales y trata de concentrar facultades, incluso de veto, en la mandataria priista que hace mancuerna con Manlio Fabio Beltrones en el control sonorense.

La tramposa pretensión del priismo y sus aliados en el congreso con sede en Hermosillo significaría, de presentarse la iniciativa (fantasmal hasta anoche) y de ser aprobada con la mayoría actual de votos, un golpe legislativo que podría ser replicado a nivel nacional. La “estrategia” consiste en utilizar la conformación actual del congreso estatal (o el federal, en su caso), todavía dominada por las combinaciones de PRI, PAN y sus aliados, para aprobar con esa mayoría las reformas con dedicatoria a Morena. Reformas pripanistas de última hora que, a contrapelo de los resultados electorales del pasado 1 de julio, condicionen u obstruyan el ejercicio de la voluntad ciudadana que fue ampliamente favorable a Morena pero aún no toma posesión de sus cargos legislativos.

De esa manera, Pavlovich busca mantener un control político que las urnas le negaron. En Sonora, Morena ganó la votación para presidente de la República y las dos senadurías de mayoría relativa (con la periodista Lilly Téllez y Alfonso Durazo como abanderados), además de alcanzar la mayoría en cuanto a diputaciones federales, 20 de 21 diputaciones locales de mayoría, y 22 ayuntamientos, entre ellos el de la capital. Durazo, quien como presidente del comité estatal morenista fue el factor organizativo de ese triunfo, derivado del arrastre de López Obrador, ahora senador electo y propuesto para ser secretario federal de seguridad pública, calculó que en esa entidad el voto les dió el 86 por ciento del poder político.

Sin embargo, en la tierra gobernada por la alianza entre Pavlovich y Beltrones (la hija de éste, Sylvana, no ganó la senaduría de mayoría), tierra también del dirigente nacional del Partido Acción Nacional, Damián Zepeda, se busca mediatizar la victoria morenista (algo parecido sucedió, con otros procedimientos, en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, donde la mayoría de votos para Morena en 2015 fue despojada del poder operativo mediante marrullerías de sus opositores).

El intento de golpe legislativo podría ser frenado por la ebullición que de inmediato ha generado. En estricto sentido, la polémica iniciativa no es conocida formalmente, pues forma parte de un paquete de propuestas cuyo contenido no ha sido difundido sino parcialmente, en temas que no son controversiales. Esa opacidad puede permitir a última hora cambiar el texto o suavizar sus términos. En el fondo, es un ensayo de lo que también se podría intentar a nivel nacional, pues la nueva bancada morenista, dominante del congreso federal, se instalará hasta el 1 de septiembre.

Ya de salida, mientras tanto, la administración Peña Nieto busca una nueva forma de endeudamiento del país: según lo publicado por la empresa informativa Thomson Reuters, el gobierno mexicano registró ante la Comisión de Valores de Estados Unidos una emisión de deuda que podría llegar a los diez mil millones de dólares. Según eso, dichos recursos serían aplicados a “ refinanciación, recompra o retiro de endeudamiento local o externo”. Durante el peñismo, caracterizado por una escandalosa corrupción, la deuda del sector público federal creció también de manera escandalosa: 14.4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). La gestión peñista inició con un endeudamiento del 33.8 % del PIB y cierra en 48.2%.

El diferendo entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el equipo del Virtual Presidente Electo (VPE) no es solamente por razones de procedimiento. No es un asunto relacionado con las formas de comunicación (la negativa de que ya hubiera un primer contacto, el envío de una carta, la intervención del presbítero Alejandro Solalinde). Es el temprano emplazamiento con la vista puesta en batallas anunciadas.

En particular, el movimiento indigenista y social, nucleado alrededor del EZLN, desconfía profundamente de los proyectos económicos que impulsará el lopezobradorismo en el sureste del país, en especial los relacionados con las Zonas Económicas Especiales y con el corredor transítsmico Salina Cruz-Coatzacoalcos, todos los cuales caen en la órbita de influencia del empresario regiomontano Alfonso Romo, quien de manera irónica se ha propuesto como interlocutor ante las instancias del neozapatismo.

Otro anunciado punto de conflicto está localizado fuera de las áreas sureñas. En varios estados, incluyendo el norte del país, hay movimientos sociales de oposición a los proyectos depredadores de trasnacionales que están aprovechándose de los recursos naturales de México. La visión “estabilizadora” de inversiones y negocios, de la administración lopezobradorista, podría entrar en colisión con esa resistencia cívica que tiene relación con el neozapatismo, no solo a causa de la campaña de Mari Chuy Patricio en busca de una candidatura presidencial sin partido.

Y, mientras el PRI y el PRD analizan la posibilidad de cambiar cuando menos de nombre, y la probable secretaria de gobernación, Olga Sánchez Cordero, anuncia que tiene “carta abierta” de López Obrador para buscar fórmulas de pacificación del país, incluyendo el impulso a la legalización del consumo de drogas, ¡hasta mañana, con los diputados federales diciéndole virtualmente adiós a esa cámara con unos 900 mil pesos en la bolsa, producto del pago de su dieta, ahorros, aguinaldo y otros rubros amables!