Ilán Semo
Lo común es afirmar que el movimiento estudiantil y popular de 1968 cifró uno de los momentos decisivos en el largo, sinuoso y accidentado proceso de democratización de la vida pública del país. Proceso que, seis décadas después, no deja de estar estacionado en una suerte de infancia perene. Vista desde la perspectiva actual, la vocación democrática que inspiró a las movilizaciones de ese año ha quedado consignada en estudios históricos cada vez más detallados. ¿Dónde quedó –o se extravió– ese legado?
En el México de los años 60, el embalaje autoritario de las diversas formas de poder definía la vida, prácticamente, desde la cuna hasta la sepultura. Además de establecerse en una cúpula visible, era una capilaridad. La figura del padre ausente y omnímodo se puede leer en las novelas de Juan Rulfo y Carlos Fuentes. Lo que enseñaban maestros y docentes en las escuelas era una gramática de la resignación.
En la prensa y la radio, una coma equivocada sobre la corte presidencial bastaba para ganarse el despido y el olvido, si no es que más. El cálculo reciente de José Inclán –4 a 1 entre manifestaciones autorizadas y no autorizadas en el año de 1967– no es una simple estadística: es la geometría de un espacio público minuciosamente parcelado.
Lo que irrumpió entre junio y octubre de 1968 no fue una ideología ni un programa, fue una ruptura en las prácticas políticas. Los estudiantes no “ganaron las calles” como quien toma una trinchera: ocuparon el orden público como superficie de emergencia de un derecho que el régimen había vuelto letra muerta.
Pusieron el cuerpo ahí donde debía estar ausente. Crearon asambleas donde todo se discutía y votaba, desarticulando la verticalidad del orden. Desafiaron a la policía y al Ejército no con armas, sino con la pura afirmación de que la palabra podía ser efectivamente más fuerte que el golpe. Y nunca renunciaron a su demanda central, el diálogo público; no por candidez, sino porque el diálogo, cuando es auténtico, es la suspensión momentánea de la relación de fuerza.
Más que una fecha, el 68 es una fractura en el tiempo. A este estado de cosas, Sergio Zermeño lo llamó “una democracia utópica”. Pero lo utópico no está del lado de lo irreal, está del lado de lo intolerable para el poder. En realidad, se trató de un movimiento situacionista: un afán sin ánimo de ninguna reificación, en el que pasado y futuro se coluden en el acto mismo de resistencia. Por eso no envejece. Su legado no fue un resultado, sino una pregunta: ¿cómo hablar cuando el poder se ocluye en el monólogo? La respuesta oficial fue el 2 de octubre: una masacre a cielo abierto.
Los debates historiográficos comienzan a partir del recuento de los sucesos y acontecimientos que siguieron al 3 de octubre. ¿Cuál fue la respuesta de la sociedad frente al trágico desenlace del día anterior? Tuve el privilegio de colaborar con Eugenia Allier y Matari Pierre en las labores de compilación de dos cuantiosos volúmenes de reciente aparición (1968: la historia abierta, 2026) en los que más de cuarenta investigadores se hacen esta pregunta.
En su conjunto, recorren los más disímbolos ámbitos de la vida política y cultural del país en los años setenta, y la mayoría llegan a una conclusión: si el gobierno que siguió a esos años aciagos –encabezado por Luis Echeverría– fue uno de los regímenes más represivos de la segunda mitad del siglo XX, 1968 provocó un gradual divorció entre el Estado y la sociedad a la postre irreversible. En otras palabras: afectó las fibras más íntimas y sensibles de su politicidad, es decir, su horizonte de historicidad. El partido único de Estado había perdido sentido. La gente dejó de reconocer en el poder la forma de su propia vida.
La sociedad mexicana respondió de cuatro maneras al desafío. En primer lugar, el régimen político se obsesionó en su persistencia: Luis Echeverría acendró el presidencialismo; el partido único devino único en extremo (no tuvo contendientes en 1976); la represión sumó a un número todavía incontable de muertos, desde la sierra de Atoyac hasta las calles circundantes de la Normal Superior el 10 de junio de 1971 y la persecución de estudiantes en Puebla, que nunca se detuvo.
En segundo lugar, centenares de organizaciones sociales y políticas –sindicatos, organismos campesinos, comités de lucha estudiantiles, nuevos partidos políticos, redefiniciones de la izquierda– confluyeron en una insurrección civil, que perseguía, en efecto, un cambio de régimen a través de una reforma de la sociedad y su democratización.
En tercer lugar, un cuantioso número de jóvenes fundaron más de una veintena de organizaciones guerrilleras de corte socialista, que promovían una insurrección armada a lo largo del país. Es la época de la involución del estado de excepción hasta llegar a la guerra sucia. Finalmente, se transformaron en organismos de resistencia a la degradación del régimen político.
En cuarto lugar, una ruptura cultural que abarcó la literatura, la pintura, el cine, el teatro, la escritura de la historia, el periodismo y, sobre todo, a los recintos académicos. Si la cultura se materializa en los actos de percepción, ésta fue probablemente la ruptura cardinal producida por la crisis de 1968. Sólo si las percepciones se modifican, puede cambiar el edificio social. Su centro es la batalla por la cultura.
